Lima, abr. 17 (ANDINA). La corrupción retrasa la ejecución de obras y genera conflictos sociales en el país porque muchas veces los proyectos no responden a las expectativas de la población, advirtió hoy Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética.
Corrupción retrasa obras y ocasiona conflictos sociales, alerta Proética
Agregó que cuando malos funcionarios incurren en esos delitos los pobladores no ven obras, no se recogen las necesidades de los vecinos mediante los presupuestos participativos o se ejecutan proyectos que no les conviene a la mayoría.
“Hay una serie de problemas que se generan justamente a partir de la falta de capacitación y fiscalización”, refirió al comentar el llamado del presidente Ollanta Humala a no bajar la guardia contra la corrupción.
Calificó de “muy importante” la iniciativa del jefe del Estado de mirar el país en conjunto, de establecer vínculos entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y municipios.
Blondet sostuvo que es momento de pasar a “acciones muy concretas que permitan mayores capacidades en los funcionarios de las municipalidades que es justamente donde se registran actos de corrupción que muchas veces se concatenan con conflictos sociales y descontento popular”.
Por ello, destacó la necesidad de impulsar la capacitación en las regiones y comunas.
“Es importante que los funcionarios sepan cómo son las normas y los procedimientos frente a las compras y licitaciones. Que conozcan cómo contratar personal”, sugirió en declaraciones al diario oficial El Peruano.
Acción conjunta
A su turno, Susana Silva, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), manifestó que este flagelo es un fenómeno complejo que no lo puede resolver solo el Poder Judicial (PJ), el Ministerio Público o la Procuraduría Anticorrupción.
“Se necesita que intervengan las distintas entidades que participan en la administración pública”, remarcó.
Para tal fin, aseguró, se requiere que en cada una de las regiones, las principales entidades –PJ, Ministerio Público, Procuraduría Anticorrupción, Contraloría General, la Policía– articulen acciones para combatir y prevenir la corrupción de manera localizada.
Resaltó que la Ley 29976, publicada el 4 de enero de 2013, haya elevado de rango a la CAN, que había sido creada mediante un decreto supremo.
“Lo importante de esta ley es que establece, justamente, una línea de trabajo descentralizada. ¿De qué manera? Impulsando la creación de espacios de articulación a escalas regional y local”, indicó.
Silva precisó que ahora no basta con tener solo la CAN, sino que también “debemos impulsar que en cada uno de los gobiernos regionales se conformen espacios de articulación y coordinación para combatir la corrupción de acuerdo con sus realidades”.
Así, refirió, se crearon las comisiones regionales anticorrupción (CRA) de San Martín y el Callao, de acuerdo con la Ley 29976. Las de Apurímac, Junín, Lambayeque y Piura, creadas antes de la norma, están en proceso de adecuación.
Mientras que en Cajamarca, Cusco, Moquegua, Pasco, Tacna, Amazonas, Madre de Dios y Puno están en proceso de implementación de sus respectivas CRA.
Fuente Andina
