“Estar al lado del presidente te abre todas las puertas”, le dijo el doctor Carlos Moreno a su interlocutor mientras planeaba su siguiente y más grande ‘negociazo’. Sabía de lo que hablaba, encontró la llave maestra en 1992 cuando logró convertirse en asesor del entonces ministro de Salud fujimorista Víctor Paredes Guerra, y participó en una compra de equipos sin licitación, por 39 millones de soles, para el pabellón de quemados del hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Aunque la Sexta Fiscalía Provincial Penal del Callao lo denunció, el caso prescribió en el 2003 sin que nadie fuera castigado.
Los sabuesos periodísticos han establecido que en el 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, Carlos Moreno estuvo involucrado en una irregular adquisición de 59 ambulancias rurales para el Ministerio de Salud. Pero aun así, en el 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, reapareció convertido en el asesor del ministro de Salud Alberto Tejada, y se supo de dos empresas a las que estaba vinculado, prestas para venderle al Estado, concretamente al sector Salud.
En el 2013 fue sentenciado, con prisión suspendida, por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado por haber favorecido en un concurso a una colega en el hospital Arzobispo Loayza. Y aunque luego fue absuelto en la siguiente instancia judicial, para el 2016 el perfil de Carlos Moreno estaba claramente dibujado.
Aun así participó como asesor en la campaña presidencial del Apra de este año y terminó colgado del saco de PPK.
Es el capo del acomodo: ha sido asesor ministerial en tres gobiernos, presentado como experto en temas de salud en la última campaña del partido aprista, y el 3 de agosto fue nombrado, con resolución en “El Peruano”, asesor del actual presidente de la República.
Si uno de sus interlocutores no lo graba, hacía el ‘negociazo’ de su vida. Y aunque el gobierno ha manejado pésimo la crisis provocada por los audios –como si se tratara de un escándalo al interior de una empresa privada, le aceptaron su ‘renuncia’ y le agradecieron los servicios prestados–, lo que el presidente Kuczynski y el ministro Zavala deben preguntarse es cuántos Morenos hay en la administración pública. Y peor, cuántos en el entorno del mismísimo PPK.
A este nunca lo googlearon. ¿Lo han hecho con los demás? ¿Conocen, el gobierno y el gobernante, los antecedentes de sus más estrechos colaboradores?
Quiénes son, en dónde han trabajado, por qué dejaron sus anteriores puestos los actuales asesores del presidente. El general de la PNP en retiro, Juan Sáenz Ordóñez, actual asesor del presidente, fue el segundo en el área de logística de la policía cuando se compraron las pistolas y los patrulleros que ahora tanto se cuestionan. Su jefe, el general Cayo Noriega, no ha sido removido en la última razia propuesta por Basombrío. ¿El hecho de que Sáenz esté ‘al lado del presidente’ lo salvó?
José Labán Ghiorzo, otro de los asesores, es abogado, muy amigo del congresista Gilbert Violeta, y antes de compenetrarse con el entorno de PPK trabajó en la oficina del congresista Richard Acuña. ¿No debería el primer ministro pedirle al congresista Acuña que firme garantizándolo?
No debería hacer lo mismo el congresista Carlos Bruce con el otro asesor, Jorge Villacorta. Bruce fue su jefe inmediato en el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Toledo. ¿Puede el congresista firmar, garantizando al actual asesor?
Después del chasco de Carlos Moreno y de otros grandes chascos con asesores en el pasado, los consejeros a tiempo completo, los que trabajan influyendo en la cabeza del poder, deberían ser garantizados por sus anteriores jefes, por lo menos por tres personas reputadas que puedan firmar, avalándolos.
Por Cecilia Valenzuela – Periodista
Fuente El Comercio
