La Contraloría General de la República, encontró hechos de presunta irregularidad en la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo – OGESS AM.
El tema está referido a “Contrataciones directas y conciliaciones extrajudiciales de los servicios de limpieza, alimentación, seguridad y vigilancia, recojo de residuos sólidos y lavandería para el hospital II-1 Moyobamba.
El mencionado informe concluye, “En el período del 1 de agosto al 6 de noviembre de 2019, funcionarios de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud – OGESS Alto Mayo, en adelante “la Entidad”, permitieron que se inicie la prestación de los servicios de limpieza, alimentación, seguridad y vigilancia, recojo de residuos sólidos y lavandería para el Hospital II – I de Moyobamba, sin contar con certificación presupuestal, ejecución de procedimientos de selección y suscripción de contratos que establezcan reglas definitivas, obligaciones para las partes y que otorgue a la Entidad el marco legal y la seguridad jurídica que garanticen la prestación de los servicios y el buen uso de los recursos públicos del Estado.
Es decir, se permitió el inicio de los servicios sin que exista una relación jurídicamente válida, impidiendo con ello e la Entidad obtenga mejores condiciones y precios del mercado.
Ante dicha situación, funcionarios de la Entidad pretendieron justificar las contrataciones, iniciando procedimientos de regularización de la prestación de los servicios que se venían ejecutando en el Hospital II -I Moyobamba de forma irregular.Sin embargo, estas regularizaciones fueron realizadas al margen de la normativa de contrataciones, por Io que se declaró su nulidad.
Posteriormente, los representantes legales de las empresas, invitaron a conciliar al Gobierno Regional y a la entidad, debiendo precisarse que, dichas conciliaciones fueron ejecutadas al margen de la normativa de conciliación procediendo los funcionarios de la Entidad y del Gobierno Regional a reconocer de forma irregular y en detrimento del interés público, una deuda a favor de 6 empresas por el importe total de 1 millón 416 mil 624, soles, verificándose que la entidad pagó el íntegro del importe conciliado.
Las personas comprendidas en los hechos, Martha Elena Salas Rojas, directora de Planificación, Gestión Financiera y Administración, Genner Ortiz Alvarado, jefe de la Oficina de Asesoria Legal, Manuel Arquímedes Vega Ortiz y Luis Arévalo Cenepo responsables del Área de Logistlca, funcionarios de la Entidad y Francisco Quinto del Águila Chávez, Gerente General del Gobierno Regional.
También se comprende, a las personas de Piero Ramírez Lozano, representante legal de la empresa Prestige Service Sociedad SA, servicio de limpieza, Danni Paolo Ruíz Fernández, representante legal de la empresa Servicios Generales DAFIKA EIRL, servicio de alimentación y nutrición, José Manuel Cancio Dávila, representante legal de la empresa Resguardos Halcones Perú SAC, servicio de seguridad y vigilancia.
Se incluye también a Ermes López Castro, representante legal de la empresa Yacuterra SAC, servicio de recojo de residuos sólidos, Freddy Armas del Castillo, representante legal de la empresa Kolkat Maquinarias SACI servicio de lavandería, Bessy Elena Beteta Bartra, representante legal de la empresa Mr, Limpio SAC, servicio de limpieza prestado en el Hospital 11-1 Moyobamba y Juan Tejada Dávila, conciliador del Centro de Conciliación Extrajudicial Justicia Amazónica, quien al margen de la Ley, inició el trámite de las solicitudes de conciliación presentadas por las empresas.
La Contraloría emitió también las recomendaciones correspondientes, al Titular de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, respecto de los funcionarios públicos de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo.
Al Titular del Gobierno Regional de San Martín, disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, respecto del funcionario público del Gobierno Regional, comprendido en los hechos irregulares.
Y finalmente, disponer el inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado.(A.García)
Fuente Diario Ahora
