El expresidente de la empresa brasileña OAS, José Adelmario Pinheiro, confesó que José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán, solicitó un soborno de entre 6 y 7 millones de dólares como sobornos. Ello obliga a que la actual gestión edil resuelva el contrato y tome el control de los peajes para llevar a cabo una reorganización. A continuación, la postura de La República.

La coima infinita

Cada pago de los conductores por el uso de la Línea Amarilla es un tributo infinito a las coimas que pagó la empresa brasileña OAS a las administraciones de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y representa una sanción inmoral por parte de una concesión írrita que, a pesar de las evidencias, sigue saqueando los bolsillos de los limeños.

En el último episodio, un informe del programa Cuarto Poder reveló que el ex presidente de la empresa brasileña OAS, José Adelmario Pinheiro, confesó que el exgerente de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro solicitó un soborno de entre 6 y 7 millones de dólares a cambio de incrementar el precio del peaje por las vías concesionadas. El acuerdo se logró bajo trato directo, en el que se reconocía una reparación económica superior a los 142 millones de dólares, a través del alza de peajes.

Estos acuerdos ilegales donde se estableció una relación entre el aumento de peajes y el pago de coimas se llevaron a cabo en el 2014 a raíz de un reclamo de OAS por el retraso en el inicio de obras.

Si antes de esta revelación ya se tenían indicios suficientes sobre las graves irregularidades en el origen de esta concesión, que pasaban por los muy secretos contratos, y el otorgamiento de adendas, ahora es imposible no adoptar una decisión firme, principista y de pleno derecho, que pasa por la resolución del contrato y la toma de control de los peajes por parte del municipio limeño para llevar a cabo una reorganización. Todo ello sin negar que los peajes es un esquema válido de financiamiento de la infraestructura vial.

Inclusive, si fuese el caso, la autoridad edil podría solicitar una medida provisional y cautelar que paralice el pago de este tributo infinito a la coima, considerando fuera de lugar que la ciudad se quede de brazos cruzados frente a esta simbólica sobrevivencia de la corrupción, con la que todos los días los ciudadanos se chocan al transitar por la ciudad. Por iguales evidencias, aunque menos bochornosas, se resolvió el contrato de la Vía Expresa del Callao, objeto de corruptelas del grupo Chim Pum Callao, ahora reciclado en el Congreso.

Otra medida es la ejecución de la llamada cláusula de rescate, propio de los contratos de concesión, atendiendo al interés general, no solo debido a la corrupción latente y a los cobros altos e irracionales, sino a los defectos del proyecto. La Municipalidad de Lima, que debe reorientar su estrategia, ahora esperanzada en el diálogo y el arbitraje con los actuales propietarios que no pueden aducir buena fe, tiene la palabra.

Fuente La República

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