El ex presidente de la Comisión de Integridad explica que la entidad de transparencia creada por el Ejecutivo no tiene mayor fuerza pues al ser una dirección del portafolio de Justicia, no tiene capacidad de exigir a un ministro que brinde información. Exhortó al Congreso a darle un mayor nivel con una ley.
¿Cuánto acogió el Ejecutivo de las recomendaciones que dio la Comisión de Integridad?
Entregamos cien recomendaciones que se pueden agrupar en cinco grandes temas: uno fue el de la máxima transparencia, donde los dos aspectos centrales eran la Declaración Jurada de Intereses y la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia.
El presidente y su gabinete presentaron su declaración…
Eso hay que saludarlo, pero no hay ninguna norma que lo regule y obligue a todas las altas autoridades. Allí hay un déficit. Lo ideal hubiese sido que, aprovechando las facultades delegadas, el Ejecutivo dicte una norma que hiciera obligatoria la Declaración Jurada de Intereses y que precise ante quién se entrega, durante qué periodo. Ahora es voluntario y si no lo presentan no pasa nada.
Algunos consideran que la norma que crea la Autoridad de Transparencia “no tiene dientes”. ¿Cuál es su opinión?
Hubo todo un debate por que se le dio el nivel de una dirección del Ministerio de Justicia. Eso no es lo mejor. Se propuso que fuera una especie de órgano público descentralizado al estilo de los organismos reguladores, para que pudiera pedirle a un ministro, un congresista, al Poder Judicial y la Fiscalía, que entreguen información. Era como tener un INDECOPI para la transparencia y la información. El organismo creado no tiene la capacidad de ordenar que se dé información.
¿Es un saludo a la bandera?
Servirá para cosas menores, pero no para el gran tema que queríamos impulsar, a fin de que el Estado tuviera un ente potente para dotarle de máxima transparencia. Yo invoco al Congreso que le dé mayor nivel a través de una ley, que fue lo que propusimos cuando era defensor del Pueblo.
También hizo recomendaciones para la reforma electoral, a fin de impedir que dineros ilícitos financien las campañas…
Allí no ha habido ningún avance. Es cierto que eso está en manos del Congreso, pero el Ejecutivo pudo y puede utilizar su facultad de iniciativa legal con carácter de urgencia para enviar este tipo de proyectos. En el Parlamento hay una gran responsabilidad, tanto de la comisión que se ha formado para la reforma electoral, que preside la congresista Patricia Donayre como de la comisión que tiene que ver el tema de la incorporación de Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que dirige la congresista Úrsula Letona. Quiero exhortarlas, así como al Ejecutivo, para que actúen de manera conjunta y así evitar que dineros ilícitos financien la política.
Como ha ocurrido con el caso de Odebrecht…
El caso de Odebrecht es clarísimo. Ha financiado campañas electorales en toda América Latina y ha pasado en el Perú. El agravante en nuestro país es que también pueda hacerlo el narcotráfico, la minería y la tala ilegal y otras actividades ilícitas. Estamos cerca de un proceso de elecciones regionales y municipales, así que este año es clave para impulsar una reforma, por lo menos en cuatro ámbitos: no financiamiento anónimo; que todo aporte sea bancarizado; que se ponga límites a los montos generales y tipos de actividades, como rifas, cenas, polladas, que debe ser no más del 10% de todo lo que un partido puede recaudar y darle dientes al sistema electoral para que puedan sancionar, no solo de forma pecuniaria, sino de tipo político que puede llegar al retiro del proceso electoral.
Hay muchos pendientes…
Pero también hay avances. La aprobación de ley de imprescriptibilidad en el Congreso es uno de ellos, así como la norma del Ejecutivo que reconoce la responsabilidad de las empresas y la muerte civil de los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción, la ley de protección del denunciante, entre otras.
¿Cuán importante es la prevención?
Nos falta poner más fuerza a la prevención de la corrupción y eso se hace a través de sistemas de integridad. Es decir, cómo hacemos para que se articulen las áreas de contrataciones de obras públicas, de otorgamiento de licencias, de contratación de personal, de transparencia de un ministerio, gobierno regional o municipio. Allí está el esfuerzo, y es lo que quiero impulsar desde el Instituto de Ética y Desarrollo de la universidad Ruiz de Montoya
Fuente La República
