Los procesos arbitrales, hasta hace algún tiempo, fueron vistos como una válida y segura alternativa, sobre todo para los empresarios, ante la demora e inseguridad en el sentido de los fallos, entre otros problemas, respecto de los casos llevados ante los estrados judiciales.
Así, los arbitrajes fueron vistos como mecanismos extrajudiciales alternativos en favor de los intereses privados. Por lo mismo, se dio en 1996 la Ley General de Arbitraje y fue implementado en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para lograr rapidez en la solución de conflictos.
Ahora, reveladas las coimas de Odebrecht y las acciones vinculadas a las adendas, se ha identificado también que, como modus operandi para lograr mayores ‘ganancias’, se emplearon las demandas arbitrales en contra del Estado peruano.
Por lo dicho, ante el Congreso, en la comisión Lava Jato, se sabe que se estudian 85 laudos arbitrales, que se llevaron a cabo teniendo como partes al Estado peruano y, por otro lado,a empresas brasileñas, apreciándose que el Perú habría perdido 80 de ellos.
Por lo que ya se sabe, se tendrían razonables sospechas de que muchos de esos casos habrían sido amañados en perjuicio de los intereses del país, perdiéndose más de 581 millones de soles. Además,los casos arbitrales mencionados se llevaron en los centros de arbitraje más prestigiados de Lima,38 habrían sido resueltos en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y 47 ante el de la Universidad Católica.
El récord de arbitrajes perdidos lo tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siguiéndole Provías Nacional y luego el Ministerio de Vivienda. Por el contrario, Sedapal no perdió ningún arbitraje.
Así pues, se abre la necesidad de revisar las normativas del arbitraje, tal como su secretismo, que tendrá que ser ahora vulnerado para evitar la impunidad de quienes encontraron en el arbitraje una forma de enriquecerse traicionando al país. Lo cierto es que esta última conclusión no puede extraerse solo de que se haya fallado en contra del Estado, pues ello implicaría una responsabilidad objetiva; se requerirá en justicia analizar cada caso concreto.
Fuente El Peruano
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