Dime a quién eliges y sabremos cómo piensas, reza un dicho acuñado en relación con la política y los procesos electorales. En efecto, en las elecciones anteriores, una parte importante de los votantes peruanos manifestó su apoyo por candidatos que ofrecían obras, independientemente de sus pergaminos morales. En las calles, una y otra vez, se escuchó prácticamente como un lema de campaña: “No importa que robe, pero que haga obras”.

Es muy probable que los ciudadanos que repetían el lema en cuestión no tuvieran la perspicacia para conjeturar de la siguiente manera: “Si elijo autoridades y las ‘autorizo a robar’, entonces me convierto en cómplice”.

Hace algunos años, para minimizar una denuncia, una parlamentaria manifestó con llamativa frescura: “¡Pero, si ellos han robado más!”. Y otro político intervino en tono semejante: “¡Nosotros matamos menos!”. No son palabras textuales, pero la dirección y el sentido del mensaje son obvios.

Recurrir al delito ajeno para cubrir el propio es una conducta común entre delincuentes y, lastimosamente, cada día se incorpora a la ocurrencia política. En paralelo, también es lamentable la forma en que muchos electores asumen el delito, es decir, lo consideran como parte de la normalidad de la vida diaria. ¿Por qué en Lima los puentes nuevos no se caen, sino que se desploman? Sencillo: porque, finalmente, muchos ciudadanos prefieren la inauguración de una obra por sobre la correcta ejecución de la misma. A partir de estas evidencias, ¿podemos colegir que los votantes no están realmente interesados en el desarrollo del país?

Todos sabemos que con el incremento de canon, la mayoría de municipalidades cuentan con financiamiento suficiente para hacer más obras, pero las sobrevaloran y reducen su tiempo de duración. Por ello, en muchos distritos vemos que cada tres años se vuelven a parchar las pistas, no obstante que estas deberían durar por lo menos diez años.

En tal sentido, en épocas electorales es necesario transparentar la gestión del Estado y exigir que las autoridades busquen la eficiencia y la eficacia en el control del gasto público, con la ayuda del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República. La ciudadanía tiene derecho a que los titulares de los diversos sectores se abstengan de hacer demagogia sobre la base de promesas faraónicas y, por el contrario, busquen en todo momento el desarrollo sostenido de los electores que los llevaron al poder. La responsabilidad de velar por la buena marcha del Estado es, a final de cuentas, una tarea compartida.

Fuente El Peruano

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