El Poder Ejecutivo emitirá en breve una serie de normas legales que tienen como objetivo que la corrupción que se da en el sector privado pueda ser considerado como delito y, además, permita regular la gestión de intereses conocida formalmente como “lobby”, pero termina siendo un espacio para negociaciones bajo la mesa, así lo anunció la secretaria de Integridad Pública de la PCM, Susana Silva.
La funcionaria explicó que será considerado corrupción cuando, entre privados, una determinada persona actúa en perjuicio del interés de la propia empresa, buscando beneficiar a una tercera o terceras personas.
“Es un decreto ley que está ad portas de salir. Eso no estaba tipificado hasta ahora como corrupción. La idea es que el sector privado también tenga herramientas para denunciar cuando haya personas que, en perjuicio de los intereses de la propia empresa, actúan en confluencia con terceros”, declaró.
Sobre los mencionados “lobbys”, Susana Silva manifestó que a raíz de los audios que comprometen a jueces y fiscales recientemente difundidos, se ha determinado que es una actividad que puede tener características de ilegales, por lo que es necesario hacer precisiones para esclarecer en qué supuestos las visitas a funcionarios en ejercicio en la administración pública son una gestión de intereses.
Normativa necesaria
El exjefe del Órgano de Control Institucional de la Contraloría Alberto Vega Sánchez sostuvo que ya es hora de que se establezca una normativa que vaya a regular los actos corruptos en el sector privado.
“Es claro que no es un tema exclusivo al individuo, ya que puede involucrar a la persona jurídica y, por tanto, es necesario contar con una herramienta legal que permita delimitar y definir hasta dónde llega la responsabilidad administrativa, civil o penal”, dijo el experto.
Respecto a los “lobbys”, Vega Sánchez explicó que la realidad ha demostrado que es necesario contar con una norma que tipifique estos actos en los diferentes fueros y estén contemplados en el Código Penal, sujetos a vacancias e inhabilitación, así como penas privativas de libertad para los casos de gravedad.
Datos
Debate. El constitucionalista Raúl Ferrero dijo que la intención es buena, pero se debe analizar la norma y el Congreso puede modificarla.
Regulación. Consideró que la preocupación del Gobierno es válida, pues en ambos casos (corrupción y lobby) los excesos deben ser regulados.
Fuente La República
