Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han vuelto a poner dramáticamente al descubierto en el Perú lo que en el 2000 lo hizo Montesinos y sabe Dios cuántos más en el pasado. ¿Hay el propósito de sacar alguna lección de ambos tiempos? Ninguno.
El retrato de corrupción que exhibe el país, para vergüenza de quienes delegamos poder presidencial y parlamentario cada cinco años, sigue siendo el mismo. El poder político viene a ser el cheque en blanco girado por los electores de turno, con cargo a ninguna rendición de cuentas.
La consiguiente pregunta: ¿por qué la estructura de impunidad en el país se ha hecho más fuerte que nunca que convierte todo intento de lucha contra la corrupción en una payasada? Aquí ensayamos unas pocas respuestas:
- La Presidencia de la República no alcanza a ser tal. Peor todavía: no alcanza a ser una jefatura de Estado, real y efectiva, por carecer de atribuciones concretas. Se limita a ser una jefatura de Gobierno, a la par que la jefatura legislativa y la jefatura judicial. Vive del consuelo de la división de poderes a costa de la reducción de su autoridad, que debiera estar por encima de la organización política del país.
- Su falta de controles y filtros de rigor hace a la presidencia vulnerable a presiones políticas, a transacciones bajo la mesa y a pagos de facturas electorales, que comprometen gravemente sus decisiones de Gobierno y Estado. ¿Por qué a presidentes, primeros ministros, ministros y otros altos funcionarios les resulta fácil en el Perú cerrar negocios desde el poder que ejercen? Sencillamente, porque saben que pueden hacerlo impunemente. El Congreso y el Poder Judicial esperan siempre al final del camino, para denunciar y condenar. ¿Por qué desear vacar al presidente si primero no se ha hecho nada para fortalecer su poder y sus controles?
- La vulnerabilidad política, moral y funcional de la presidencia genera una percepción anticipada, desde cada proceso electoral, de que se trata de una instancia de poder altamente susceptible a la atención de intereses y favores políticos. De ahí que la aspiración a la presidencia sea principalmente servirse de ella en lugar de servir al país. La misma percepción utilitaria y clientelista recae también sobre los aspirantes al Congreso.
- Si así de arca abierta al robo es el Estado y si así de cheque en blanco es el poder político, ¿por qué se ha hecho tan poco o nada por reformar la Constitución, las leyes y los sistemas de control del manejo presupuestal nacional? El cambio consiste en que nada cambie. ¿Ahora mismo acaso no llama a escándalo el hecho de que el Gobierno le niegue sospechosamente a la contraloría la puesta en vigencia de su ya aprobada ley de fortalecimiento?
- La reserva moral que todavía queda en la clase política debería servir para impulsar, no importa como un aliento en minoría, algunas de las reformas que demanda el sistema político, comenzando por cerrar las puertas del Estado a la impunidad y a los inescrupulosos lobbies que lo acechan.
Fuente El Comercio
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