Los gobiernos regionales se han convertido en espacios donde se cometen delitos. Pese a que empezaron a funcionar hace quince años, desde 2003, “han sido seriamente afectados por una dinámica de corrupción”, según el estudio Círculo de la corrupción en los gobiernos regionales. Ese documento tomó como muestra a las regiones Cusco, Moquegua, Madre de Dios, Piura y Ayacucho.
No es casualidad, entonces, que 20 autoridades regionales en ejercicio estén involucradas en investigaciones por este tipo de delitos. Asimismo, hay alrededor de 50 exgobernadores procesados por corrupción, de los cuales seis tienen condenas firmes y están en prisión, y algunos con prisión preventiva. Todos ellos, involucrados en 395 procesos en distintas regiones. Destacan por su alto número: Pasco, Tumbes y Ucayali. «No hay gobernador regional que esté exento de investigación por corrupción», señala el estudio.
CÍRCULO CORRUPTO
Los investigadores han detectado un patrón para convertir al aparato regional en botín. El primer eslabón corrupto empieza en la campaña, cuando las futuras autoridades reciben apoyo financiero a cambio de hipotecar su gestión. De allí que se ven millonarias campañas para llegar al poder, cuando el sueldo más elevado corresponde al gobernador con S/ 15 000 por mes.
“Hay grupos de proveedores que se le acercan al candidato ganador para que tenga preferencias en las contrataciones de compras y obras que hace el gobierno regional”, explica Eduardo Vega Luna, uno de los investigadores.
Una vez en el poder, los gobernadores controlan al consejo regional. Ese es el segundo paso; con tal fin, captan a consejeros opositores ofreciendo trabajo o adjudicaciones a sus familiares para conseguir una mayoría complaciente. Ocurrió en Cusco en 2014. El gobernador Edwin Licona tenía apenas tres consejeros, mientras que la oposición 14. Poco a poco, en menos de un año, Licona tenía mayoría.
El tercer eslabón surge en los procesos de licitación o adjudicación. Los Comités de Selección tienden a adecuar los Términos de Referencia (TdR) a favor de algunos empresarios, sobre todo a aquellos que financiaron la campaña. Y es que esos comités son designados “a dedo” por el gobernador.
Se cierra el círculo con la debilidad de los órganos de control que no son eficientes. En parte se debe a que los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) y los procuradores regionales dependen jerárquicamente de los gobernadores.
“Mientras sigan dependiendo económicamente de las regiones o de los municipios, si fuera el caso, va a ser muy difícil que un jefe de OCI pueda llevar una investigación contra quien le paga el sueldo”, dijo Vega.
Fuente Diario La República
