A medida que avanzan las investigaciones por el caso de la maraña de sobornos propiciados por la empresa brasileña Odebrecht la fiscalía ha comenzado a mandar a prisión a los primeros eslabones de la cadena que debe terminar con los personajes principales, sobornados por las empresas constructoras brasileñas.
Las declaraciones de Edwin Luyo, uno de los implicados en esta red de corrupción, parecen ofrecer un norte esperable para el caso: el laberinto conduce a altas autoridades de tres gobiernos sucesivos (Toledo, García y Humala), probablemente incluso va más atrás.
Los tres detenidos hasta ahora –Luyo, Miguel Ángel Navarro y el recientemente arribado al Perú Jorge Luis Cuba– están vinculados al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, la entidad encargada de ampliar el Metro de Lima, así como al segundo gobierno de Alan García (2006-2011). Un itinerario que, necesariamente, los acercaba a las esferas del poder.
A las zonas donde había grandes contratos de infraestructura, la especialidad de Odebrecht. En algunos casos, como el de Luyo, se contaba con empresas que contrataban con el mismo Estado. Es muy difícil que todo esto no se haya hecho bajo el conocimiento, si no la anuencia, de ministros, alcaldes o hasta presidentes. Es altamente improbable que hayan actuado solos.
Los fiscales y jueces tienen que determinar eso con precisión. Porque ahora Luyo está cambiando su estrategia de defensa y ya no se acogería a la confesión sincera (revelar las cosas como pasaron para acelerar el juicio) o a la colaboración eficaz (ayudar a determinar qué otros implicados existen), dos figuras legales que lo ayudarían a rebajar su condena.
En el caso de la colaboración eficaz podría producirse hasta la exención de pena, siempre y cuando el imputado dé suficientes pistas para dar con la estructura de una organización criminal, que en este caso parece haber existido. Así, no queda claro por qué Luyo ha cambiado de versión, mientras que Cuba todavía no ha sido claro en la manera cómo va a colaborar.
La podredumbre que se advierte detrás de los sobornos de Odebrecht hace pensar que estas primeras detenciones son solo la punta de un iceberg de corrupción gigantesco, que puede remecer el edificio político peruano. Increíblemente, la suerte de muchos pesos pesados de nuestro medio podría depender de lo que digan o no digan estos primeros detenidos.
Pero si, por motivos inconfesables, deciden no hablar la Fiscalía debería apuntar a la información que hay en Brasil, de donde podrían venir revelaciones ingratas o sorprendentes. Como fuere, las pesquisas no se deben detener y la trillada frase “caiga quien caiga” ya no se debería repetir; lo mejor sería que se entienda su significado como consecuencia de la actuación judicial.
Como ya se ha dicho en este espacio, y han enfatizado nuestros columnistas, de por medio está la salud moral de la nación y la urgencia de reinventar la política para que no ruede siempre por la pendiente de la corrupción. Lo que se revele en los próximos días puede ser incómodo, difícil; pero nuestra democracia y nuestra institucionalidad tienen que encararlo y superar el trance.
Fuente La República
