El Consorcio Calgas Sur, responsable de hacer la medición de consumo de energía eléctrica en la región Puno, tiene suspensión vigente para contratar con el Estado. La sanción paradójicamente es por presentar documentación inexacta a Electro Puno, entidad que la contrató por más de 11 millones de soles. El acuerdo de servicio está vigente.
Calgas Sur, es responsable de los cuestionamientos de la facturación de los meses de marzo y abril. Los usuarios en la región Puno, advirtieron incrementos excesivos en sus facturas de consumo que no se ajustan a su reporte de meses anteriores. Los reclamos terminaron en protestas.
La empresa fue seleccionada mediante Concurso Público Nº-10-2019. Su elección habría pasado inadvertida, si no fuera porque en su expediente de postor presentó documentación que no se ajusta a la realidad.
La empresa representada por Fernando Galván Luján, presentó en su expediente de postor a Edwin David Mendoza Coa como Jefe de seguridad de higiene ocupacional. Para validar su experiencia se presentó un certificado de trabajo.
El documento emitido el 03 de abril de 2017 refiere que entre el 04 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, Mendoza Coa, trabajó en la empresa Selegsur, como ingeniero de seguridad en la elaboración y ejecución de proyectos eléctricos. La constancia está firmada por Irma Mamani Mamani del área de contabilidad de la referida empresa.
Los actos posteriores de control permitieron establecer que el Registro Único de Contribuyente (RUC) que usaba Selegsur, le pertenece a Idelfonso Maquera Maquera, una persona natural. Formalmente Selegsur, no existe. Irma Mamani, confirmó en sus descargos que efectivamente sí trabajo para Idelfonso Maquera, quien usaba su Ruc personal como si fuese de la empresa jurídica Selegsur. Esta formalmente no tiene inscripción ante Registros Públicos ni en Sunat. Es decir, se presentó un certificado de trabajo de una empresa que nunca existió.
Debido a esto el Tribunal de Contrataciones del Estado suspendió por nueve meses a Calgas Sur, para contratar con el Estado. Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones (Osce), la sanción rige desde el 02 de enero de 2020 hasta el 02 de octubre de 2020.
Fuente La República
