El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, heredó varios hospitales inconclusos. Entre ellos, el de Camaná, Cotahuasi (La Unión) y Chala (Caravelí). La gestión de Yamila Osorio los había dejado entrampados con las empresas constructoras que detuvieron su culminación con medidas judiciales. En esa oportunidad, Cáceres Llica dijo que una constructora, en alusión a Asignia Infraestructura, figuraba como ganadora recurrente de dos proyectos hospitalarios. Planteó una investigación ante las sospechas de corrupción.
Sin embargo, en su administración, Cáceres Llica hizo lo mismo. Ha entregado la elaboración de los expedientes de saldo de los tres nosocomios a empresas y personas ligadas entre sí. Los expedientes de saldo son clave para volver a licitar los trabajos pendientes.
Los beneficiarios son dos consorcios y una empresa, según una verificación que hizo este medio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Los tres ganaron los procesos en agosto del 2020. El consorcio Inca está integrado por las personas naturales Tomás Ticona Vargas y César Edwin Guerra Ramos. A Inca le adjudicaron el expediente de saldo del nosocomio de Camaná por S/ 244 673. Mientras que el consorcio Pacífico obtuvo la buena pro para el expediente del hospital de Chala por S/ 137 747. Pacífico lo conforman Corporación Icons SAC y Edwin Guerra Ramos. Por último, QUISVAR C&C SRL confeccionó el documento para el establecimiento de Cotahuasi por S/ 180 746. Tiene vínculos con Guerra Ramos. Son viejos conocidos. Ganaron varios procesos juntos, en la Municipalidad de Yura por un millón 400 mil para elaboración de expediente de obra en agosto último. En la Municipalidad de Tacna hicieron lo propio junto a otra empresa por un millón 820 mil 244 para una consultoría. El expediente de QUISVAR fue observado por la Contraloría, este ente detectó que varias cotizaciones para calcular el presupuesto de la obra, son “carentes de veracidad”. Las empresas Oxyman, Hidromec Ingenieros SAC, y A&D Ingenieros SAC señalaron que es falsa la documentación presentada por QUISVAR y que nunca les requirieron cotizaciones.
No solo César Edwin Guerra Ramos es la coincidencia entre los consorcios mencionados. También Tomás Ticona Ramos. Él es accionista de Corporación Icons desde el 2015. Tiene el 63 % de las acciones de Icons. Es decir, las mismas personas ganaron estos procesos con la denominación distinta de sus empresas. Esta modalidad se repite en otro ámbito, Consorcio San Antonio, Guerra e Icons se adjudicaron en el gobierno regional otra consultoría por S/ 74 853 en junio del 2021. Otra vez Ticona y Ramos figuran como beneficiarios.
Todas las empresas mencionadas fueron creadas en Puno. Justamente en esa región Edwin Guerra Ramos no tiene los mejores antecedentes. La Municipalidad Distrital de Saman le resolvió el contrato para confeccionar el expediente de agua potable y alcantarillado de dos de sus comunidades en el 2020. Esto por presentar estudios que no corresponden al proyecto.
Ministerio Público debe investigar
En tanto el consejero regional José Luis Hancco, sostuvo que se debe investigar los casos por parte del Ministerio Público. Los procesos fueron realizados por contratación directa bajo la emergencia por el COVID (Ley N°30225). Aún así Hancco sostiene que hay una posible colusión. “Los montos que se han designado son altos y además los costos que han indicados en los expedientes para los hospitales son excesivos”, sostuvo.
No se descarta una concertación
Norberto Lajo-especialista
En las contrataciones con el Estado un mismo proveedor suele tener un promedio de tres a seis empresas. Es un proveedor con diferentes nombres y personas. Inclusive son bastante allegados o socios de otras empresas. Eso predomina hace mucho tiempo. ¿Por qué hacen eso? No lo hacen por ser prósperos empresarios, sino para cumplir, entre comillas, con la ley. Esos escenarios hacen pensar de una posible concertación entre las empresas que es difícil de comprobar y que atentan con el libre mercado. Un ejemplo de ello es el Club de la Construcción. Cuando hay un trato clandestino con funcionarios o tratativas por debajo de la mesa ahí se configura el delito de colusión.
Fuente La República
