Las personas jurídicas involucradas en actos de corrupción podrán recibir, de forma paralela, una sanción administrativa y una penal, ante los últimos cambios normativos dispuestos por el Poder Ejecutivo, afirmó Nelson Salazar, jurista especializado en delitos contra el Estado.
Tras participar en la Tercera Conferencia La Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y su modificatoria, Salazar Sánchez dijo –al analizar el D. Leg. Nº 1352– que desde el 2018 regulará la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“El legislador, de forma consciente o inconsciente, ha regulado una sanción penal contra las empresas”, afirmó al participar en un evento del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción.
Explicó, además, que las compañías serán responsables penalmente cuando por su organización o estructura actúan de manera contraria a lo que establecen las normas en nuestro país.
La conferencia fue inaugurada por la jueza Susana Castañeda Otsu, coordinadora del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien indicó que este tipo de actividades son organizadas en el marco de la función de proyección a la comunidad del organismo que ahora lidera.
Fuente El Peruano
