Lima, nov. 13 (ANDINA). Unos 15,000 procesos judiciales por corrupción existen en Perú, informó hoy el jefe del Gabinete, Juan Jiménez Mayor, al destacar que el Gobierno ha fortalecido con una serie de medidas la lucha contra la deshonestidad.
Durante su participación en la Conferencia Anticorrupción Internacional, precisó que, de esta cantidad, sólo el 6 por ciento corresponde a delitos de corrupción de gran impacto y el resto a faltas menores como sobornos a policías, multas de tránsito, entre otros.
Además, señaló que el 50 por ciento de los delitos de corrupción corresponden a peculado, el 13 por ciento a colusión y un 5 por ciento a concusión, malversación, cohecho y tráfico de influencias.
“La corrupción es el segundo problema nacional que tenemos que enfrentar con decisión política y así lo hacemos”, destacó.
Jiménez ratificó que el nuevo plan nacional anticorrupción para el 2016 plantea la necesidad de instaurar un sistema de gobierno abierto, con una mayor transparencia en la rendición de cuentas y el impulso de una reforma para modernizar la administración pública.
Resaltó que el Poder Ejecutivo fortaleció la Procuraduría Anticorrupción convirtiéndola en una verdadera unidad estratégica del Gobierno en la materia y definió como prioridad recuperar el dinero que adeudan los corruptos al Estado a través del cobro de las reparaciones civiles.
Sin embargo, anotó que las acciones emprendidas con éxito se han visto detenidas, porque, según indicó, el Poder Judicial no cumple su papel en esta materia.
Expresó que a nivel de la Procuraduría Anticorrupción ha creado una gran base de datos sobre las personas que cometieron delitos de esta naturaleza, lo cual se ha convertido en una herramienta eficaz para contrarrestar el avance de este mal.
Asimismo, anunció que en diciembre la Presidencia del Consejo de Ministros volverá a publicar la relación de los funcionarios del Estado inhabilitados por actos de corrupción a efectos de hacer “una purga” y limpiar la administración estatal ante la posible presencia de malos servidores.
En ese sentido, reiteró que el Ejecutivo reactivó y enfatizó la persecución penal de los delitos de corrupción, tarea en la cual “debemos participar los gobiernos regionales, locales, el sector privado y la sociedad civil”, subrayó.
Fuente Andina
