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Expertos critican fallos a favor de ex gobernadores

Expertos critican fallos a favor de ex gobernadores

La manera en que se resolvió la absolución del suspendido gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y la nulidad de la sentencia a la ex autoridad de Loreto Yván Vásquez ha sido cuestionada por distintos expertos, quienes advierten que debilita el sistema judicial.

El abogado y ex fiscal supremo Avelino Guillén explicó que la Corte Suprema no debió revisar todo el material probatorio en el caso de Oscorima al evaluar el recurso de casación presentado por su defensa. Acotó que los magistrados debieron examinar solamente las causales. Remarcó que la Procuraduría ya había concluido que había delito.

Al respecto, el procurador Amado Enco refirió que nunca existió la situación de emergencia en Ayacucho “en los términos que exige la ley de contrataciones del Estado” que, según Oscorima, lo obligó a comprar maquinaria sin licitación el año 2011.

Como se recuerda, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) previno que no había emergencia y que no se podía exonerar a la región de hacer una licitación.

No obstante, el ex procurador Joel Segura manifestó que en la primera y segunda instancia de la investigación –que son de proceso ordinario– se habían visto dichas pruebas, y que la casación, al ser un recurso extraordinario, se ha aplicado mal.

Diferencia con Vásquez

Sobre la decisión de la Sala de Apelaciones de declarar nula la condena de seis años de prisión a Yván Vásquez por delito de colusión por el caso de alcantarillado, Segura indicó que aún hay esperanza de que se haga justicia porque si bien está libre, se ha pedido que se reinicie un juicio oral para “evitar alguna duda”.

Por el contrario, Enco expuso que no comparte la decisión de la sala pero “por lo menos genera la oportunidad de que este caso vuelva a ser materia de juzgamiento”.

Segura es más crítico, pues  la carga procesal en Loreto es alta, por lo que es probable que el proceso contra Vásquez demore, y mientras tanto estará libre, corriéndose –incluso– el riesgo de que se fugue del país si es que antes la Fiscalía no pide prisión preventiva.

Fuente La República

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