La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios devolvió a la Procuraduría Anticorrupción la denuncia para la ampliación de la investigación por cohecho pasivo contra el gobernador Edwin Licona, la empresaria Janet Castro Chura y otros.
La Fiscalía en la actualidad los investiga por los supuestos delitos de peculado y colusión por el favorecimiento en la concesión de 19 obras de descolmatación de ríos.
En la denuncia, la Procuraduría solicitaba la prisión preventiva para Licona y los implicados, al considerar que los diálogos por mensajes de WhatsApp con la proveedora Janet Castro sobre el presunto pago de un diezmo para el favorecimiento de obra, eran medios de prueba de la comisión del delito de cohecho pasivo.
El procurador anticorrupción, José María Gavancho, recibió sorprendido de vuelta la denuncia que no adjuntaba ninguna explicación. Calificó este hecho como escandaloso ya que se presentó pruebas nuevas (mensajes WhatsApp) que se vinculan con la investigación de presuntos actos de corrupción en obras de descolmatación de ríos.
“Esto es un caso escandaloso, la Fiscalía debió acoger las pruebas presentadas, registrarlo en la carpeta fiscal y no devolverlo. No sé cuál es el interés cuando hay una denuncia donde se pide la prisión preventiva por un caso emblemático de corrupción. Si la fiscal discrepa con mi denuncia, debió notificarme la disposición y yo tengo derecho para elevar una consulta a la instancia superior”, dijo.
Gavancho mostró su extrañeza porque el despacho de Gladys Aparicio, que investiga el caso, devolvió la denuncia con un mero documento cuando debió emitir una disposición fiscal. “Una disposición fiscal es motivada y fundamentada pero me devolvieron con un documento sin dar una explicación».
Fuente La República
