El Consejo Regional investigará la presunta responsabilidad del gobernador Servando García y sus gerentes en el retraso de la reparación del canal Daniel Escobar y posterior crisis.
Para el titular de la comisión de Fiscalización del grupo, consejero Alfonso Llanos, con la indagación se da el mensaje de que no habrá “impunidad”.
“No descartamos que pueda tener responsabilidad el señor gobernador y el gerente general. Eso lo enfatizo. El Pechp no es una isla. Es una de las unidades ejecutoras que tiene a cargo el gobierno regional y cuyo titular de la entidad es el gobernador, entonces para ello necesitamos sustentación de hallazgos que puedan acreditar qué nivel de responsabilidad tiene”, agregó Llanos.
A su turno, el consejero José Luis Morey indicó que la salida de funcionarios no es la sanción que se busca.
“La responsabilidad a veces es por acciones o por omisiones, es decir por no haber accionado a tiempo ante una situación tan grave. Vamos a evaluar esa situación, vamos a esperar el informe de la comisión de Fiscalización y de acuerdo a eso el consejo tomará las mejores decisiones”, dijo.
Cero impunidad
Como paso previo a la indagación al gobernador, ayer el consejo aprobó por unanimidad un primer informe que recomienda sanciones y denuncias contra seis servidores y exfuncionarios del Proyecto Especial Chira Piura (Pechp), que seleccionaron a la contratista para reparar el canal.
El informe fue elaborado por la Secretaría Técnica de la Oficina Regional Anticorrupción y determina que habría indicios de los delitos peculado culposo y colusión agravada.
Manuel Barreno (exgerente general), Juan Vílchez Correa (exgerente general) y Edson Caballero (jefe de la oficina de Administración) estarían inmersos en el primer delito.
Se les cuestiona sus omisiones para no resolver el contrato con la empresa, a pesar de las graves observaciones que hizo el Órgano de Control Interno sobre la falta de maquinaria y documentación.
Una omisión que habría causado un perjuicio a los recursos de la entidad.
En tanto, los miembros del comité especial: Víctor Terán, Elmer Vise y José Chuquihuanga, habrían ocurrido en el delito de colusión agravada, al permitir que la empresa gane el proceso a pesar que no entregó toda la documentación de las bases.
El consejo derivó el informe a la procuraduría del Gobierno Regional.
Debes saber
El consejo aprobó el informe de la Oficina Anticorrupción.
Aquí recomiendan a la procuraduría del GORE a iniciar las denuncias contra los funcionarios implicados.
El informe también fue derivado a la Procuraduría Anticorrupción que depende del Ministerio de Justicia.
Fuente El Tiempo
