Oficinas del Gobierno Regional de Tacna (GRT) fueron intervenidas ayer por presuntos actos de corrupción. Fueron dos los casos por los que equipos del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ingresaron a la Oficina Ejecutiva de Administración de Bienes Inmuebles (OEABI) y a la Oficina de Administración.
Los terrenos de Llostay
El fiscal Ludwing Flores Valdivia intervino OEABI para recabar información por la denuncia de presunta venta irregular de terrenos aledaños a la playa Llostay. Esta investigación involucra a exfuncionarios del ahora encarcelado exgobernador Omar Jiménez. La exautoridad cumple prisión preventiva por entrega irregular de terrenos.
Según la versión de un denunciante protegido, en el último año de gestión de Jiménez se habrían otorgado los terrenos cercanos a familiares y amistades del exgobernador. Todo a través del proyecto «Playa Bonita».
Según informó el Ministerio Público, la iniciativa estaba originalmente destinada a familias de bajos recursos. Sin embargo, los lotes se habrían vendido a privados, dejando de lado el proyecto de corte social.
Al respecto, el exconsejero regional Wilson Ayala recordó una denuncia presentada por la Asociación de Veraneantes de Llostay sobre trabajos de mejoramiento de vías a cargo del GRT y que en realidad solo favorecían a un lote perteneciente a la exesposa de Omar Jiménez.
Pago irregular
En tanto, la fiscal Esther Poma recogió documentación de la Gerencia de Administración ante la denuncia de un pago irregular. Mariluz Quispe Apaza, gerenta de la empresa San Antonio SAC, acusó que debía cobrar del GRT la suma de S/ 1 400 000 por el servicio de “Plan de rehabilitación de emergencia del río Sama de la provincia de Tacna”.
Sin embargo, funcionarios de la entidad giraron el cheque a favor del Consorcio Alcos, representado por Juan Carlos Blanco. Y es que mediante una conciliación con Blanco, este le cedió a Quispe los derechos de cobro de dinero.
Por esto Poma se constituyó a la Gerencia de Administración para recabar el expediente del pago y así continuar con la investigación por el presunto delito contra la administración pública.
Fuente La República
