En 4 de 5 informes de control aplicadas a las obras emblemáticas del Gobierno Regional de Pasco (Gorepa), la Contraloría General de la República halló responsabilidad penal en el exgerente regional y ahora gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, lo que provocó presunto perjuicio en la culminación de dichas obras.
Las presuntas irregularidades con consecuencias legales se dieron en las obras la construcción del centro de salud Freddy Vallejos Ore del distrito de Yanahuanca, la construcción del hospital Ernesto Guzmán Gonzales de Oxapampa, la entrega de equipos biomédicos para el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión y la ejecución del colegio nacional agropecuario San Francisco de Asís, de Oxapampa.
LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS
En el informe de control N°010-2022 del pasado 22 de noviembre del 2022, la Contraloría determinó que funcionarios del Gorepa modificaron el plazo de entrega de los equipos biomédicos de 45 a 60 días sin sustento técnico ni legal, favoreciendo al proveedor y afectando la atención oportuna a los pacientes que se encontraban hospitalizados.
En una supervisión la Contraloría de Pasco detectó que los funcionarios del exgobernador regional, Pedro Ubaldo ampliaron los plazos de entrega de equipos biomédicos.
La Contraloría identificó que Zósimo Cárdenas Muje (gerente general), Holguer Romainville Roffner (gerente de Infraestructura) y Julio Barraza Chirinos (subgerente de Supervisión de Obras), no aplicaron las penalidades correspondientes a la empresa proveedora, Consorcio San Francisco, que demoró en la entrega de equipos biomédicos para el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión en el plazo establecido en las órdenes de compra, cuyo presupuesto supera los 934 mil soles.
Además, determinó que durante la emergencia sanitaria, mediante compra directa se adquirió un monitor de funciones vitales de ocho parámetros, una bomba de infusión de tres canales, un aspirador portátil, un desfibrilador con monitor y paletas para equipar los ambientes destinados a la atención de pacientes con Covid-19, sin embargo, no se cumplieron las especificaciones.
Para la Contraloría, Zósimo Cárdenas tiene responsabilidad penal por aprobar las bases de la compra directa, mediante memorando N°865-2020, con un plazo de ejecución de 60 días, modificando el plazo contractual establecido en las ordenes de compas 66, 67, 68 y 69.
COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO – OXAPAMPA
En la construcción del Colegio Nacional Agropecuario Integrado, mediante el informe N° 022- 2020, la Contraloría determinó que los funcionarios del Gorepa omitieron atender la denuncia sobre la presentación de documentación fraudulenta por parte de la postora a quien entregaron la buena pro y permitieron que el postor ejecute partidas del expediente técnico sin que exista contrato de obra.
La Contraloría señaló que en la obra educativa valorizada en 18 millones 360 mil soles que favoreció al Consorcio Francisco, y pese a que este se encontraba inhabilitado, los funcionarios no realizaron las acciones necesarias del caso, lo que conllevó a que el procedimiento de selección se declare desierto cuando en realidad se debía anular.
Asimismo, se evidenció que los funcionarios permitieron la ejecución de partidas del expediente técnico como las demoliciones de la infraestructura educativa y la construcción de la obra provisional, cuando no se contaba con un contrato suscrito, ni con los requisitos exigidos para el inicio de plazo de ejecución.
En estos hechos se halló presunta responsabilidad penal en el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, por haber suscrito al memorado N°24-2020 en el cual ordenó al director de Abastecimiento se declare desierto el procedimiento de selección de la obra educativa, y tramitó la carta N° 061-2019, donde no autorizó la participación de la empresa Nazca, situación que afecta la legalidad.
CENTRO DE SALUD DE YANAHUANCA
En el caso de la construcción del centro de salud Freddy Vallejos Oré del distrito de Yanahuanca, Pasco, la Contraloría mediante informe N° 015-2022, analizó las 4 adicionales de la obra ejecutada por 17 millones 857 mil 467 soles, y alertó que el GRP aprobó adicionales de emergencia por más de 3 millones de soles alegando la inestabilidad del terreno y el desplazamiento de los taludes que afectaban las viviendas colindantes.
Asimismo halló responsabilidad penal en el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, por el otorgamiento de estas adicionales por la designación como inspector de obra al arquitecto Luis Colca Mayta, resolución que fue comunicada al Consorcio Pasco Vida, mediante una carta notarial, pese a que la Ley señala que se tiene que contratar obligatoriamente un supervisor.
EL HOSPITAL DE OXAPAMPA
En el caso de la construcción del hospital Ernesto Guzmán Gonzales de Oxapampa, la Contraloría halló responsabilidad penal en el actual gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, por el pago del adelanto directo y de materiales.
En el informe de control N°012-2022, se alertó que el Gobierno Regional de Pasco, designó a un inspector de obra y entregó el terreno inobservado para luego pagar los adelantos directo y de materiales por un total de S/31 434 957, generando mayor liquidez al contratista por 434 días pese a estar suspendido el inicio de ejecución de la obra por la falta de la disponibilidad física del terreno.
Para la Contraloría, Zósimo Cárdenas, registra responsabilidad penal por haber emitido la resolución Gerencial General N° 0161-2019 del 11 de junio del 2019 con el cual se designó al ingeniero Julio César Barraza Chirinos, subgerente de Supervisión de Obra, en las funciones de supervisor de la obra.
Zósimo Cárdenas designó como inspector de obra al arquitecto Luis Colca Mayta, lo cual fue observado por la Contraloría.
Esta acción contraviene la normativa de Contrataciones del Estado y Presupuesto Público 2018, en la cual se señala que la entidad está obligada a contratar un supervisor cuando el monto del valor referencial de la obra es superior a los 4 millones 300 mil soles.
AGUA POTABLE DE OXAPAMPA
En la ejecución de la obra de agua potable y saneamiento del distrito de Villa Rica, Oxapampa, la Contraloría mediante su informe N° 228236 -2022 determinó que el Gorepa aprobó la modificación del expediente técnico sin sustento técnico ni legal y se otorgaron conformidades del proyecto aun cuando no había sido culminada en su totalidad.
Además, verificó la falta de instalación de la totalidad de las conexiones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado, corroborando que el proyecto fue irregularmente recibido, porque a cuatro años de la recepción de la obra, la población aún no cuenta con acceso a los servicios básicos.
Además, el GRP aprobó el expediente técnico reformulado con deficiencias, lo que ocasionó que el agua tratada haya superado los límites máximos permisibles de turbiedad y color para consumo humano, poniendo en riesgo la salud de la población.
A ello se suma que las aguas residuales tratadas son vertidas al rio Entaz sin autorización alguna, ocasionando su contaminación, ya que son utilizadas para actividades agropecuarias y de consumo humano poniendo en riesgo la salud de la población, hechos generaron un perjuicio económico por más de S/ 3.7 millones.
En este caso, para la Contraloría, Zósimo Cárdenas registra responsabilidad administrativa por no monitorear y evaluar las actividades administrativas, como la falta de pago del suministro eléctrico, que ocasionó que se vertiera y se contaminara el rio Entaz.
Las observaciones registradas por la Contraloría se realizaron a la labor de Zósimo Cárdenas como gerente general, durante la gestión del hoy prófugo de la justicia y presunto cabecilla de la organización criminal “Los negociadores de la región”, Pedro Ubaldo Polinar, con quien comparte investigaciones a nivel fiscal en Pasco.
Al igual que Pedro Ubaldo, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, registra una amplia lista de 30 investigaciones en el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción, colusión, peculado, negociación incompatible y hasta una por presuntamente lidera una organización criminal cuando era alcalde del distrito de Pichanaki. Sin embargo, cinco de sus procesos se podrían resolverse en la futura sede judicial de la Selva Central donde se comprometió en ejecución del expediente técnico de la obra.
Fuente Infoandes
