15:37. Lima, mar. 23. El ingreso del Perú al grupo anticorrupción de la OCDE elevará los estándares nacionales de credibilidad en el mundo, lo que facilitará la llegada de nuevas inversiones, destacó el fiscal de la Nación y presidente de Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Pablo Sánchez.
Precisó que tras la aprobación en el Congreso de la República de la Ley que sanciona a las empresas por este tipo de delitos, la incorporación del país en este organismo internacional debería producirse en sus próximas sesiones, una vez que el Ejecutivo promulgue la norma.
«Una vez que así sea, informaremos a la OCDE y en la sesión siguiente nos considerarán como miembros plenos del grupo de trabajo anticorrupción, con derecho a voz y voto. Hasta ahora somos un país invitado», apuntó.
Las próximas reuniones de la OCDE serán en abril y junio de este año, refirió a la Agencia Andina.
Explicó que ser miembro pleno de este organismo significará para el Perú formar parte de un grupo de naciones que tiene un reconocimiento mundial en la lucha contra la corrupción, lo cual implica acceder a ayuda técnica de otros países para temas como integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
«El marco de credibilidad se eleva para el Perú, estará en un grupo de países que es visto de manera positiva por el mundo, no será un país con esfuerzos aislados en lucha contra la corrupción sino que tendrá el apoyo de otro países», insistió.
Por ello, saludó el trabajo conjunto de todas las entidades del Estado en la aprobación de la ley que regula la responsabilidad de personas jurídicas en actividades de corrupción.
Refirió que esta norma no debe generar temor en el sector empresarial, porque no está dirigido a empresa nacionales sino internacionales.
Las estadísticas de aplicación de esta norma, dijo, son bajas, porque empresas internacionales que operan en otros países tienen normas de cumplimiento que se sancionan, en caso sean incumplidas.
En su condición de presidente de la CAN, Sánchez indicó también que este organismo, encargado de promover la prevención de la corrupción y generar nuevas prácticas, instalará oficinas descentralizadas en diversa regiones del país.
Desarrollará también audiencias públicas sobre los mecanismos que hay en la ley para lucha contra la corrupción y orientar a la ciudadanía a dónde pueden acudir para denunciar este tipo de prácticas
Fuente Andina
