Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional y personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur intervinieron este miércoles la Municipalidad de Villa María del Triunfo.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, esta diligencia se realizó en el marco de la investigación preliminar por presuntas irregularidades en la adquisición y entrega de canastas de víveres que este municipio compró con dinero transferido por el Gobierno para la asistencia de hogares vulnerables durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus. (COVID-19).
Esta intervención fue encabezada por el fiscal provincial Hugo Minaya Paulino y abarcó las oficinas de Logística, Tesorería, Abastecimiento y Almacén de la municipalidad, cuyas funciones las realiza en las instalaciones del Palacio de la Juventud, en la avenida Salvador Allende.
Tras la diligencia, la gerente municipal de Villa María del Triunfo, Eileen Laos Moscoso, señaló que facilitaron el trabajo del Ministerio Público y entregaron todos los documentos que se les fue requerido.
“Estamos prestos a que nos investiguen, porque no tenemos nada que ocultar. No creo que acá se pueda decir que hubo un mal manejo”, expresó.
Asimismo, la funcionaria mencionó que, debido a la emergencia, el Gobierno les transfirió un millón de soles para la compra de canastas de alimentos, las mismas que fueron entregadas “por las noches junto al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
Además, Laos Moscoso detalló que en total se adquirió 12.500 canastas y que las actas de entrega de cada una de ellas fueron entregadas a la Contraloría General de la República para su publicación de transparencia.
Sobre este último punto, la funcionaria edil narró que, tras recibir el dinero, solicitaron a la Oficina de Control Institucional de ese municipio y a la Contraloría que realicen un control concurrente a la entrega de las canastas para evitar situaciones como la ocurrida este miércoles, sin embargo, no recibieron respuesta alguna.
Consultada por los productos que tendrían el rotulado de “prohibida su venta”, Eileen Laos indicó que, al momento de la compra, solicitaron al proveedor la colocación de aquello para asegurar que los productos lleguen a la población necesitada.
Fuente La República
