Algo se mueve en el caso Odebrecht. La diligencia de la semana pasada sobre los «codinombres», donde Jorge Barata reveló muy poca nueva información y su defensa dio a entender que la negativa peruana de devolver los S/ 524 millones de la venta restante de la hidroeléctrica de Chaglla, refleja el arrastre de pies con la información, puede marcar un punto de inflexión.

Al que sí volvieron a golpear es al ex primer ministro César Villanueva. El jueves 3 el exejecutivo Eleuberto Martorelli ratificó a los fiscales los pagos a Villanueva, en dos partes de US$ 30 mil cada uno, para la campaña de reelección de Villanueva en 2010.

Agregó que en el periodo de licitación de la carretera San José de Sisa se hizo una programación de pagos dirigido a tres funcionarios: US$ 300 mil para Villanueva («Curriculum Vita»), US$ 65 mil para Marco Días («Meu Deus») y para Celso Gamarra la suma de US$ 40 mil, quien era llamado «italiano».

La obra vial en San José de Sisa tuvo un costo de más de S/ 320 millones y las quejas por el estado de alguno de sus tramos saltan a la vista.

Por otro lado, el fiscal anticorrupción de Tarapoto, José Villalta Arriega, encontró presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, que estarían ligadas a la licitación y ejecución de la carretera Cuñumbuque – Zapatero en San José de Sisa.

La obra fue entregada a Odebrecht en octubre de 2008, con el 9.3% más de su valor referencial. Según la fiscalía anticorrupción, Marco Díaz Espinoza fue gerente del Proyecto Especial Huallaga Central y bajo Mayo (PEHCBM), organismo adscrito al Gobierno Regional de San Martín, que estuvo a cargo de la constructora.

El mismo que aprobó pagar adelantos a Odebrecht, el primero por S/ 27,7 millones, el 29 de diciembre de 2008, y por S/ 13.5 millones e 25 de febrero de 2009.

En tanto, Gamarra fue director de concesiones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, habría dado instrucciones a los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht. La empresa reclamó la suma de S/44,9 millones al Gobierno Regional por demoras en el proyecto y esto lo logró por medio de árbitros.

La investigación de la fiscalía anticorrupción también recae en otro 15 funcionarios del PEHCBM, quienes habrían participado en una pregunta aprobación irregular de resoluciones a favor de la empresa brasileña. Entre ellos estarían Juan Carlos Páucar Guerra (investigado también en el Club de la Construcción), Juan Carlos Silva Dávila y Marcos Diaz Espinoza.

También se suma que un tribunal arbitral ad hoc resolvió en el 2013 que el PEHCBM debía pagarle a Odebrecht más de S/ 25 millones.

Los tres árbitros que toaron esa decisión son investigados por el equipo especial Lava Jato, por lavado de activos, asociación ilícita y cohecho; por eso se creó un tribunal arbitral ad hoc que resolvieron a favor de Odebrecht con millonarias reparaciones.

Pero, la Segunda Sala Comercial de Lima anuló dicho fallos, pero la empresa apeló ante la Corte Suprema. Tiempo después se desestimó el pedido y exigió que el expediente vuelva a ser evaluado.

Dicha decisión está en suspenso hasta que se asigne a los árbitros de reemplazo.

Fuente Caretas

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