Indicio. Juez Hugo Velásquez, según la comisión, respaldó fallo que ordenó a la SBS y OSCE admitir cartas fianzas ilegalesCaso Áncash. Los ocho magistrados que hoy son investigados por el Congreso emitieron medidas cautelares a favor de tres cooperativas, entre ellas Coopex. Firmas cobraron el 8% del costo de la obra por emisión de cartas fianzas.
Patricia Hoyos S.
Los ocho jueces hoy investigados por la Comisión Áncash del Congreso emitieron medidas cautelares a favor de tres cooperativas ilegales, entre ellas Coopex, que les permitieron emitir cartas fianzas que en suma avalaron obras en la región valorizadas en 435 millones 250 mil soles.
La indagación del grupo parlamentario evidenció que el modus operandi de las cooperativas “Coopex”, vinculada al prófugo Rodolfo Orellana, “Construye” y “Finanzas y Garantias Ltda”, fue el de recurrir a presuntos nexos en el Poder Judicial, planteando acciones de amparo contra la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) al solicitar la inmediata adopción de medidas cautelares que las obligaran a su aceptación.
Coincidentemente, todos los recursos legales presentados por estas tres firmas ante juzgados de distintas provincias fueron admitidos por ocho magistrados quienes, además de obligar a las instituciones a aceptar la validez de las ilegales cartas fianzas, exigieron la inscripción de las cooperativas en la lista de entidades autorizadas a avalar millonarias obras en el sector público.
Los magistrados que vienen siendo investigados por estos hechos son Liliana Otero Salinas, quien estuvo al frente del Cuarto Juzgado Civil de Chimbote en el 2010; Víctor Manuel Mendoza Napa, ex titular del Juzgado Especializado de Pisco en el 2011; Daniel Quesquén Robles, del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo en el 2011; Antonio Escobedo Medina, del Cuarto Juzgado Civil de Trujillo en el 2011.
Además de los jueces Óscar Tenorio Torres, del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo en el 2012; Wenceslao Portugal Serruchen, del Segundo Juzgado Mixto de Campo Verde (Ucayali); Piedad Magdalena Talledo Guarderas, del Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; y Hugo Velásquez Zavaleta, del Quinto Juzgado Constitucional.
PERJUICIOS AL ESTADO
Las resoluciones judiciales, según la comisión, han originado millonarios perjuicios económicos al Estado, y es que las tres cooperativas cobraron por la emisión de cartas fianzas el 8% de los presupuestos de las obras a las empresas contratistas, que han dejado en abandono e inconclusas las construcciones.
Coopex, por ejemplo, emitió cartas fianzas por un monto de S/. 39 millones 683 mil 441, mientras que Construye por S/. 3 millones 841 mil 636. Ambas cooperativas dieron garantías al Consorcio Salem para la construcción del coliseo cerrado en el complejo deportivo Gran Chavín de Chimbote, valorizada en S/. 33 millones 416 mil 688.
La obra debió ser culminada en el año 2011; sin embargo, hasta el momento solo registra un avance del 40% y la constructora ya recibió un adelanto del 60% del presupuesto total.
Del mismo modo, las cooperativas cobraron el 8% del monto por el supuesto respaldo financiero que dieron al Estado sobre las empresas.
Otra de las firmas que contó con el aval de Coopex fue el Consorcio Pardo, al cual la cooperativa de Orellana garantizó para la reconstrucción de la avenida José Pardo en Chimbote, valorizada en S/. 37,5 millones. La constructora cobró el total del presupuesto, pero no culminó la obra.
Entre otras obras que fueron avaladas por esta cooperativa figuran el canal de irrigación de Llactabamba, en la provincia de Pallasca; la construcción de pistas y veredas en el P.J. Miraflores Alto en Chimbote; Mejoramiento de los servicios educativos del colegio Agropecuario, y el mejoramiento y ampliación de los servicios del Centro de Salud de Cabana, en la provincia de Pallasca.
Cuestionados jueces
Algunos de los jueces que integran la lista de investigados se encuentran bajo la mira de la Oficina de Control Interno de la Magistratura, incluso uno de ellos ha sido denunciado ante el Ministerio Público.
Estos son los magistrados Wenceslao Portugal, presuntamente vinculado con la red de Rodolfo Orellana, y el juez Óscar Tenorio Torres.
Juez Velásquez ordenó validar cartas fianzas a nivel nacional
De los ocho jueces que integran la lista de investigados por el Congreso, el magistrado Hugo Velásquez Zavaleta fue el único que ordenó la validación de cartas fianzas a nivel nacional.
A través de una resolución, según la comisión, Velásquez respaldó el fallo de un magistrado de su despacho, que ordenaba a la SBS y a la OSCE validar las cartas fianzas de la cooperativa Finanzas y Garantías Ltda. Esta versión ha sido rechazada por Velásquez, quien asegura que nunca emitió un fallo para respaldar a ninguna cooperativa.
Sin embargo, para la Comisión Áncash este magistrado permitió que esta firma avale obras de manera ilegal en seis municipios, entre provinciales y distritales.
Fuente La República
