Lima, feb. 15. El contralor Fuad Khoury desestimó hoy los comentarios que culpan a la Contraloría General de la República de ser un obstáculo en el desarrollo de los principales proyectos del país, al asegurar que este organismo «no puede interferir» en ello.
Manifestó que en la últimas semana aparecieron opiniones buscando descifrar «las causas del letargo» en la administración pública, señalando que el miedo al organismo que dirige produciría una suerte «de inacción» en algunos funcionarios públicos.
«La Contraloría ha establecido que su actuación en ningún caso puede interferir en los procesos de dirección y gerencia a cargo de las entidades. En consecuencia, carecen de sustento aquellas voces que pretenden insinuar que obstaculiza el desarrollo de los principales proyectos del país», señaló.
En ese sentido, precisó «que no existe funcionario público» capaz de demostrar que la Contraloría General de la República «ha paralizado la ejecución de una obra o proyecto en el país».
Recordó que el organismo contralor verifica que todos los funcionarios públicos actúen conforme a ley y que para resguardar adecuadamente los recursos públicos, «va más allá de un simple control de legalidad y promueve el desarrollo de una gestión pública eficaz y moderna».
«En este contexto, se vienen desarrollando instrumentos de control que aseguren la adecuada toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos, como el control preventivo y la auditoría de desempeño», aseguró.
En artículo publicado en el diario El Comercio, aclaró que la Contraloría estableció en sus normas de control y en la Ley 29622, que cuando la legislación autorice a los funcionarios algún grado de discrecionalidad para la toma de decisiones, «el auditor no puede cuestionar su ejercicio por el solo hecho de tener una opinión distinta».
«Así se garantiza la toma de decisiones oportunas, conforme al ‘expertise’ (experiencia) profesional de los funcionarios públicos, siempre en el marco legal y con el sustento debido», dijo.
«Seguir escudándose en el miedo a lo que pueda determinar la Contraloría General es irracional, o puede responder a intereses que poco tienen que ver con el bien común», añadió.
En ese sentido, refirió que «este miedo» manifiesto al organismo contralor no es solo producto de la imaginación «sino que se origina en el propio reconocimiento de la falta de capacidades al momento de adoptar una decisión o en la necesidad de liberar espacios de la vigilancia del control».
«Y es que cuando somos presos de nuestra incapacidad o de intereses subalternos, resulta muy fácil y conveniente ver fantasmas y culpar a otros por nuestros errores», comentó.
Fuente Andina
