Esta semana el Congreso de la República decidió no aprobar la Cuenta General de la República 2024, tras el informe de la Contraloría que reveló graves deficiencias en la gestión del gasto público. Entre las principales observaciones que dieron los congresistas figuran el incumplimiento de reglas fiscales, la falta de rendición de cuentas de 101 entidades, más de 2,400 obras paralizadas por S/ 43 mil millones y S/ 301 mil millones en construcciones sin identificación clara. Además, el 67 % de las entidades auditadas recibió una opinión desfavorable y ningún gobierno regional obtuvo una auditoría limpia, evidenciando una crisis de transparencia y control en el uso de los recursos del Estado.
Según el Congreso de la República, la Cuenta General de la República (CGR) no ha sido aprobada por el Pleno desde hace casi una década, reflejando observaciones recurrentes sobre la transparencia y eficiencia del gasto público. Así, por ejemplo, no fue aprobada la CGR del año 2020 ni la del año 2024. Aunque no existe un registro oficial consolidado, los informes parlamentarios evidencian una falta sostenida de equilibrio y control fiscal en la gestión del Estado peruano.
Es necesario señalar que la CGR es el principal informe de rendición de cuentas del Estado peruano. Elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas y revisada por la Contraloría General, detalla cómo se administraron los ingresos, gastos, deudas y bienes públicos durante un año fiscal. Su objetivo es mostrar con transparencia el uso de los recursos del país y evaluar si el presupuesto se ejecutó conforme a la ley y con eficiencia. La aprobación de esta cuenta por el Congreso es importante, pero no bloquea el avance de otros instrumentos nacionales como el Presupuesto de la República.
Contraloría
El rechazo de la CGR 2024 por parte del Congreso se sustentó en las severas observaciones emitidas por la Contraloría General (Informe N.º 6610-2025-CG/ECOFI-AF), que evidencian un deterioro en la disciplina fiscal y en la transparencia de las finanzas públicas. Según el informe, dos de las cuatro reglas fiscales fueron incumplidas: el déficit fiscal alcanzó el 3.5 % y el gasto del Gobierno Central superó el límite permitido al pasar de 4.7 % a 6.2 %.
Asimismo, la Contraloría emitió una opinión con salvedades, lo que implica que el Estado no cuenta con una auditoría limpia ni confiable sobre sus cuentas. A ello se suma la falta de trazabilidad de los activos públicos: S/ 301 mil millones en construcciones sin identificación clara y 2,476 obras paralizadas por S/ 43 mil millones. Estas irregularidades, sumadas a los altos niveles de ineficiencia en la ejecución del gasto y la ausencia de controles efectivos, llevaron al Pleno del Congreso a votar la no aprobación del informe, al considerar que no refleja una rendición de cuentas transparente ni responsable.
Zoom de las cifras
El informe de la Contraloría General de la República indica que, de las 2,531 entidades públicas obligadas a rendir cuentas del ejercicio 2024, 101 (4 %) no remitieron su información dentro del plazo. Entre ellas figuraban 75 municipalidades, además de institutos viales, mancomunidades y empresas en liquidación o no operativas. Tras otorgarse un plazo adicional mediante la Resolución Directoral Nº 0003-2025-EF/51.01, 90 entidades regularizaron su entrega, quedando 11 fuera de la consolidación de la Cuenta General y no 101, como se señaló en el Pleno.
Durante el debate en el Pleno, el congresista Alejandro Soto Reyes, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, dijo: “Se consignan obras concluidas y no entregadas, obras sin saneamiento legal e incluso obras inexistentes físicamente”, y no le falta razón.
Según el documento, las construcciones en curso totalizan S/ 301,488 millones, lo que representa el 46.48 % del total de propiedades, planta y equipo del Estado. La Contraloría advierte que parte de estos saldos podrían corresponder a activos que no se encuentran en uso ni generan beneficios económicos o sociales, por lo que requieren una evaluación adicional para verificar su reconocimiento, medición y revelación contable conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
Asimismo, el informe señala que no se obtuvo evidencia suficiente ni apropiada sobre diversas cuentas del activo, debido a la falta de soporte documentario, la ausencia de inventarios físicos, las obras paralizadas sin sustento y las limitaciones de acceso a la información. Estas limitaciones afectan la razonabilidad y confiabilidad de los estados financieros, generando incertidumbre sobre la existencia, valuación y exactitud de los bienes públicos. ¿El monto en juego? S/ 89,086.1 millones.
Ajustes propuestos
La Contraloría formuló en el documento un conjunto de recomendaciones dirigidas al Congreso, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con el fin de corregir las deficiencias detectadas en la gestión fiscal y presupuestal del Estado. Entre ellas, propuso revisar el marco legal de la reserva tributaria que impide auditar información de la SUNAT, así como establecer un sistema nacional de alerta temprana que permita detectar riesgos en obras públicas y evitar nuevas paralizaciones. También planteó crear un registro público de concesiones, arbitrajes y adendas estatales, para garantizar mayor transparencia y control sobre los compromisos financieros del Estado.
Al MEF le recomendó reestructurar los programas presupuestales con baja ejecución o impacto limitado, cuantificar los riesgos fiscales asociados a Petroperú y fijar límites al uso de fideicomisos que comprometan ingresos futuros. Asimismo, instó a adoptar plenamente las NICSP y fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las reglas fiscales. A la PCM le sugirió reforzar el control interno en las entidades públicas, validar las autoevaluaciones de gestión y promover una mejor articulación entre los tres niveles de gobierno, de modo que se optimice la eficiencia del gasto y la rendición de cuentas.
Petroperú
El documento detalla que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) brindó un apoyo financiero recurrente a la empresa y que, pese a estas inyecciones, la empresa registró pérdidas por US$ 773.9 millones y un pasivo corriente mayor que su activo corriente en US$ 1,899.9 millones, lo que genera una “incertidumbre material significativa” sobre su capacidad para continuar operando. La Contraloría concluye que el rescate de Petroperú alivió temporalmente sus cifras, pero trasladó presión al déficit fiscal y la deuda pública, convirtiendo a la empresa en uno de los principales pasivos contingentes del país. Por ello, recomienda incluir en la Cuenta General un análisis de riesgos fiscales específico sobre Petroperú.
¿Y nos quedamos sin cuenta?
El exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, advirtió que la no aprobación de la Cuenta General de la República por parte del Congreso constituye un incumplimiento del mandato constitucional. “Se está incumpliendo un mandato constitucional que aplica tanto a la Ley de Presupuesto como a la Cuenta General de la República”, sostuvo. Agregó que esta situación “nos pone en una situación de incumplimiento por más de diez años de un compromiso que tenemos para la adhesión a la OCDE”.
Castilla señaló que el hecho de que el Parlamento no haya cumplido con este proceso demuestra que “el Congreso no quiere que el Gobierno transparente sus cuentas ni la acumulación de pasivos”. A su juicio, esta omisión “es una muestra de debilidad institucional” que afecta la rendición de cuentas del Estado y la confianza ciudadana. “Acá la responsabilidad es del Congreso”, enfatizó el exministro.
Asimismo, consideró que “lo que correspondería es que el Ejecutivo, por pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), interponga una acción de inconstitucionalidad para que fuerce al Congreso a asumir su responsabilidad”. Explicó que la Constitución establece que “si no aprueba el Congreso el dictamen, el Gobierno tiene que aprobarlo por decreto”, algo que “no ha ocurrido desde hace mucho tiempo”.
Finalmente, Castilla advirtió que esta decisión del Pleno “denota un incumplimiento de su función de informar a la opinión pública y a los ciudadanos sobre cómo se usan sus recursos y cuál es la acumulación de pasivos que tiene el Estado”. Enfatizó que la situación “muestra falta de transparencia de parte de las autoridades y una negligencia de sus labores de parte de los congresistas”.
Más dato
Solo un 33 % de las entidades auditadas obtuvo opinión limpia, mientras que el 67 % recibió opinión calificada, adversa o con abstención, es decir, dictámenes desfavorables o con observaciones relevantes sobre sus finanzas.
Principio de reserva tributaria y Sunat
La Contraloría recomendó al Congreso revisar el marco legal de la reserva tributaria que limita el acceso a la información de la Sunat. El informe señala que esta restricción impide auditar plenamente los saldos y operaciones financieras de la entidad, afectando la verificación de la deuda tributaria y la trazabilidad.
Fuente Diario Expreso
