Los problemas en la gestión pública se pueden resolver, pero requieren, además de una firme voluntad, conocimiento y capacidad. Actualmente, contamos con un gobierno de transición y reconciliación nacional —como lo ha definido el señor presidente de la república— que debería sentar las bases para que el gobierno elegido en abril de 2026 pueda solucionar de una vez por todas problemas recurrentes como las obras paralizadas, que evidencian el despilfarro de inversiones públicas y la falta de solidez técnica, generando un costo para todos los peruanos.
Según reportes de la Contraloría General, a junio de 2025 hay 2,428 obras públicas paralizadas en el país, con una inversión superior a S/44,297 millones, de las cuales falta ejecutar más de S/21,812 millones, casi el 50%. A dos meses de cerrar el año, solo se ha ejecutado el 60% del presupuesto modificado en activos no financieros, es decir, S/ 43,340.5 millones de los S/72,413.2 millones asignados.
Por niveles de gobierno, la mayoría de obras paralizadas están en gobiernos locales (1,732 por S/9,706.7 millones) y la mayor inversión paralizada corresponde a gobiernos regionales (327 por S/17,339.3 millones). Por sectores, Transportes y Comunicaciones (696) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (543) explican el 51.1% de obras paralizadas y el 45.2% del costo total.
Geográficamente, Cusco (320), Puno (273), Lima (196), Áncash (193) y Ayacucho (163) concentran el 47% de obras y el 25% de la inversión.
Las causas frecuentes que reportan las Unidades Ejecutoras para la paralización son incumplimientos contractuales, falta de recursos financieros y deficiencias en los expedientes técnicos, usualmente pobres y con indicios de corrupción.
Muchas obras requieren recursos adicionales porque sus expedientes técnicos son de tan baja calidad que incluso carecen de estudios básicos, como estudios de suelo apropiados, por mencionar un ejemplo.
Para evitar nuevas paralizaciones, es necesario sincerar la programación multianual de inversiones y alinearla con el presupuesto disponible. Además, evitar lanzar nuevos proyectos y estudios hasta que al menos el 80% de la cartera de inversiones de una entidad esté ejecutada. Esto implica mejores expedientes técnicos y mayor inversión en su calidad, lo que significa introducir orden y racionalidad a la asignación presupuestaria fortaleciendo la articulación con el sistema administrativo de inversiones y de planeamiento. Y, ciertamente, tenemos que hacer mejores expedientes técnicos, y ello no se logrará si se siguen pagando costos irrisorios.
Claro está que, para destrabar proyectos paralizados, se necesita voluntad política, coordinación liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como recursos disponibles. Se deben seleccionar obras con mayor viabilidad, como las paralizadas recientemente, con ejecución física cercana al 90% o con saldos pequeños. También es vital sincerar el registro para liquidar legalmente proyectos cuya conclusión resulta inviable y concentrarse en los viables, aplicando técnicas de análisis multivariado para priorizar.
En cuanto a los recursos, del presupuesto total de S/72,413.2 millones, a la fecha, solo se ha comprometido S/53,270 millones y certificado S/64,815 millones. Los fondos no certificados deberían retornar al MEF para ser reasignados y así financiar peritajes técnicos económicos y el cierre de las obras.
En conclusión, cualquier problema en gestión pública es solucionable si se quiere, se sabe y se puede, como lo indiqué al inicio de este artículo. Este gobierno de transición tiene la oportunidad de sentar las bases para que el próximo gobierno resuelva de forma definitiva estas deficiencias, restaurando la confianza de los peruanos afectados por la ineptitud y corrupción, que impiden que se cubran las necesidades legítimas que demanda el país.
Por Nelson Schak
Fuente Perú 21
