“Mejor nos hubieran dado la plata a cada uno para que no se la roben”, murmura Víctor Paucara Puma. “Aquí no se hizo ninguna obra que nos permita progresar”, enfatiza, mientras camina por la avenida Puerto Carmen, rumbo a su casa de adobe, en pleno centro de Palma Real, en La Convención (Cusco). Calza ojotas, pantalón gastado y un polo descolorido.
Don Víctor, de 67 años y puños rudos de labrador, tiene una chacra de café, cacao y algunos frutales en Palma Real. Aunque el municipio emprendió varios proyectos para impulsar el cultivo del café y cacao, él nunca recibió ningún apoyo. Trabaja más de 300 días al año para obtener una ganancia promedio anual de 10 mil soles.
La Convención es una provincia del Cusco con 147 mil habitantes, distribuidos en 14 distritos (algunos de reciente creación). Los municipios recibieron solo entre 2007 y 2019 más de 13 mil millones de soles por concepto de canon gasífero y regalías. El canon está constituido por el 50% del impuesto a la renta que paga el Consorcio Camisea al Estado por la explotación del gas, un recurso al cual los pobladores de esta zona acceden de manera muy limitada, dado el precio que es mayor, en comparación con Lima: el costo de un balón supera los 40 soles.
Si el Gobierno hubiera distribuido esa cantidad de dinero entre los habitantes –como reclama don Víctor–, cada ciudadano habría recibido en promedio 600 soles mensuales. Una familia de cuatro integrantes hubiera captado 28 mil soles en un año, casi el triple de lo que gana un campesino promedio de Palma Real.
Este ensayo grafica que el dinero benefició poco a los habitantes de La Convención. La realidad es que una parte del canon se ha convertido en carreteras, escuelas, puentes, centros de salud y proyectos productivos. Mientras que otra cantidad, difícil de cuantificar, desapareció en actos de corrupción.
La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Nataly Ugarte, dijo en una reunión de la Comisión Regional Anticorrupción del Cusco, que los actos de corrupción “impiden el desarrollo” y con ello afectan derechos ciudadanos. Eso ocurrió en La Convención en los últimos quince años.
El ex procurador anticorrupción cusqueño Henry Delgado consideró que hay bastante evidencia sobre el daño causado por el desvío de dinero estatal a favor de corruptos, cuando esto debió usarse para combatir la anemia, la desnutrición, la pobreza y otras urgencias ciudadanas.
Historia de pobreza
Palma Real es pobre. Es un centro poblado del distrito de Echarati, provincia de La Convención, a más de siete horas de viaje desde Cusco. La mayoría de su población –de 16 mil habitantes– vive en medio de la pobreza, consume agua entubada y el servicio de desagüe es deficiente. Los niños padecen de anemia y desnutrición crónica.
Las vías están asfaltadas solo hasta tres o cuatro cuadras a la redonda del núcleo urbano. Más allá todo es tierra. La avenida Puerto Carmen del centro poblado es un sendero polvoriento. Los niños Franco, Julio y Rosendo caminan por esa vía para ir a su colegio Virgen de las Mercedes. Cumplen la rutina de lunes a viernes. Una ligera ventisca agita el polvo, mientras el trío de pequeños retorna a sus hogares una tarde calurosa de octubre. Sus zapatos están gastados y cubiertos de polvo. Palma Real es el espejo de muchos pueblos convencianos pobres.
Los niños caminan en una de las vías que debió haberse mejorado como parte del proyecto ‘Mantenimiento de caminos peatonales y apoyo comunal en Palma Real’, por el que el municipio de Echarati pagó 505 mil soles. En los papeles la obra se ejecutó en 2017 y el costo fue pagado a una empresa. Era una obra ficticia (fantasma) creada por la gestión del exalcalde del distrito de Echarati Raúl Morales para apropiarse de dinero público. Morales actualmente cumple una orden de prisión preventiva en el penal de Quencoro de Cusco y afronta otra veintena de 20 investigaciones.
La municipalidad de Echarati también pagó 346 mil soles por el mantenimiento y limpieza de deslizamiento de taludes y recuperación de plataforma en la red vial vecinal zonal en Palma Real. Según la Fiscalía, la obra no se hizo, pero se gastó todo el presupuesto.
Obras fantasmas, compras sobrevaluadas
Crear obras y proyectos ficticios fue una de las formas más utilizadas por autoridades y funcionarios de las municipalidades de La Convención para apropiarse de dinero del Estado.
La otra modalidad consistió en la sobrevaluación de obras e insumos. Ejemplo: corría setiembre del 2014, en el auditorio de Cocla. Un ciudadano se levantó en medio de una reunión con representantes de Contraloría y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para entregarles una linterna. “Es la linterna más cara del país”, dijo.
Era una denuncia contra la entonces alcaldesa provincial de La Convención, Fedia Castro, que compró 74 linternas a 280 soles cada una, cuando en el mercado el precio era de 20 soles. Un sobrecosto de 1400%. Cinco años después, la Fiscalía pide 10 años de cárcel para Castro, caso que entró al último tramo del juicio oral. Ella tiene otros 38 procesos judiciales.
Una tercera forma de robo fue el direccionamiento de procesos para obras y proyectos, muchos de los cuales están inconclusos o no sirven. El caso más emblemático involucra al exalcalde de Vilcabamba Juan Olivera Ricalde, quien instaló una oficina, bautizada como “La Centralita”, para falsificar documentos y dirigir procesos de licitación al por mayor.
Cuando la Fiscalía allanó el inmueble, ubicado en Quillabamba, capital de La Convención, encontró sellos de funcionarios y documentos que demostrarían que se adulteraban y adecuaban papeles de procesos de subasta. Olivera Ricalde cumple prisión preventiva.
Autoridades bajo sospecha
En el cuarto piso del edificio N.° 205 de la avenida Bolognesi de la ciudad de Quillabamba los días son ajetreados. Allí funciona la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención que investiga cientos de casos que tienen como involucrados a anteriores y actuales autoridades y funcionarios municipales.
Los fiscales Ronald Acostupa y Percy Chihuantito, junto a personal de apoyo, trabajan arduamente para acelerar las pesquisas y formalizar o acusar a los sospechosos. En los ambientes de ese cuarto piso hay cientos de expedientes en gavetas y saquillos que contienen las pesquisas y pruebas que apuntan a demostrar la responsabilidad de los investigados.
Acostupa y Chihuantito –apoyados por la Procuraduría Anticorrupción– han sido los gestores de la batalla contra la corrupción que ha dado buenos resultados en los últimos años. Más de una veintena de anteriores y actuales alcaldes y decenas de exfuncionarios ediles están siendo investigados por delitos de corrupción; uno tiene condena, Elio Pro Herrera; y José Ríos Álvarez (exalcalde de Echarati) está prófugo de la justicia desde agosto del 2015.
Los delitos más comunes atribuidos a las exautoridades son colusión, peculado, malversación de fondos, cohecho, tráficos de influencias, negociación incompatible. De las 1.600 investigaciones a nivel regional y que están en manos de la Fiscalía Anticorrupción, casi el 30% corresponde a hechos denunciados en esta provincia.
La Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de La Convención atiende 687 investigaciones a setiembre del 2019. De esa cantidad, 620 tienen como agraviadas a la municipalidad provincial y las comunas distritales. Mientras que en 143 investigaciones están involucrados alcaldes provinciales y distritales, y hay 310 casos relacionados con obras públicas ejecutadas por los gobiernos locales.
Como se ha visto, no hay una sola exautoridad de los distritos de La Convención libre de sospecha. Al contrario, la mayoría está presa. El pabellón H del penal de Quencoro Varones del Cusco se ha convertido en la “residencia” de las autoridades acusadas de corrupción. De los viajes, reuniones con ministros, agasajos y aplausos han pasado, arrastrados por sus malas mañas, a la sombra y los barrotes, a la espera de que concluya una orden de prisión preventiva, inicie el juicio oral o se dicte la sentencia.
Exalcaldes vinculados con la corrupción en La Convención
Elio Pro Herrera – Exalcalde del distrito de Echarati (2009-2010)
Caso: contratación de cuñado Ernesto Malpartida como proveedor.
Delitos: negociación incompatible.
Situación legal: cumple sentencia de 10 años de cárcel en penal de Quencoro del Cusco.
Raúl Morales Centeno – Exalcalde del distrito de Echarati (2015-2018)
Caso: desvío de más de 5 millones de soles del proyecto de psicología a favor de terceros.
Delitos: organización criminal, asociación ilícita para delinquir, peculado agravado y falsificación de documentos.
Situación del investigado: prisión preventiva en penal de Quencoro del Cusco.
Wilman Caviedes Ch. – Exalcalde distrital de Maranura (2015-2018)
Caso: cobro de “diezmos” a trabajadores en los años 2016, 2017 y 2018.
Delito: concusión.
Situación del investigado: prisión preventiva en penal de Quencoro del Cusco.
Juan E. Olivera Ricalde – Exalcalde de Vilcabamba (2011-2014)
Caso: la denominada “Centralita”, un inmueble que habría usado para falsificar documentos y dirigir procesos de licitación.
Delitos: peculado, colusión, falsificación de documentos y falsedad ideológica.
Situación legal: prisión preventiva en penal de Quencoro del Cusco.
José Ríos Álvarez – Exalcalde de Echarati (2015-2018)
Caso: favorecimiento al Consorcio Quillabamba Maquinarias para el alquiler de maquinaria pesada para la construcción de la trocha carrozable Playa Pachiri-San Martín-Ivochote.
Delitos: colusión agravada.
Situación legal: prófugo de la justicia, con orden de prisión preventiva por 18 meses.
Fedia Castro M. – Exalcaldesa de La Convención (2011-2014)
Caso: compra de linternas sobrevaluadas.
Delitos: colusión agravada.
Situación legal: afronta juicio oral en su tramo final.
Más casos
Algunos exalcaldes con investigaciones en el Poder Judicial:
– José Ríos Álvarez: 64 procesos en el Poder Judicial.
– Fedia Castro Melgarejo: 38 procesos en el Poder Judicial.
– Hernán de la Torre Dueñas: 14 procesos en el Poder Judicial.
– Wifredo Alagón Mora: 5 procesos en el Poder Judicial.
Fuente La República
