Es comprensible que el ciudadano asocie “emergencia nacional” con “atención inmediata”, y crea que si el Gobierno decreta este estado de excepción, la ayuda a las zonas devastadas llegaría en un santiamén; caso contrario, la reconstrucción tardaría años. Puede que tenga razón considerando el sistema burocrático, pero por su mismo grado de excepcionalidad, sería inconveniente decretarlo a nivel del país.
Como bien lo ha remarcado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, un estado de emergencia nacional abriría las puertas a la corrupción. Y vaya que tiene razón. Al ciudadano que reclama este decreto, sería conveniente explicarle que esta disposición conlleva a que, por ejemplo, las compras para ayudar a los damnificados -o cualquiera que tenga relación- tengan filtros mínimos de rendición de cuentas, así como adquisiciones directas sin un concurso público.
Asimismo, en lugares donde los fenómenos naturales han sido catastróficos puede ser un alivio más la ayuda económica del Gobierno, que ha aprobado un presupuesto que supera los S/1200 millones para las municipalidades de las zonas afectadas. Tendrán los alcaldes que responder por dicho monto.
En lo que va del año, según el Instituto Nacional de Defensa Civil, hemos tenido 14 lugares en donde se declaró el estado de emergencia, cuatro de ellos con periodo culminado. En la actualidad, las regiones azotadas por la naturaleza sí están bajo ese régimen: Lima, Huancavelica, Arequipa, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Loreto e Ica.
Esperemos que no haya manipulación política para jaquear al Gobierno con propósitos ajenos a la ayuda que necesitan los peruanos más golpeados por las lluvias y los huaicos. Además, hacemos una invocación a la ciudadanía para que sea celosa con los gastos que ejecuten sus autoridades locales en la reparación de su jurisdicción, porque entre la emergencia y la corrupción hay un solo paso.
Fuente Diario Correo
