En el país, uno de los problemas que se ha ido cimentando en los últimos años es la corrupción en las instituciones públicas. Solo en 2020, en La Libertad, se ha tenido como perjuicio económico la suma de S/ 18 374 243,22, según informa la Contraloría General de la República.
Esta cifra fue revelada por el gerente regional de Control de La Libertad, David Quiroga Paiva, en entrevista con La República. El funicionario afirmó que la mayor cantidad de pérdida se da en la ejecución de obras.
“Se han ejecutado 74 informes de control posterior y solo de la suma total del perjuicio que existe contra la región, el 80,5% es en ejecución de obras, el 10,7% es en contrataciones públicas, gestión administrativa un 5,6%, emergencia sanitaria COVID-19 es 2,6% y un 0,6% en procedimientos de selección”, expresó Quiroga.
El encargado de la Contraloría en La Libertad señala que, las provincias en donde se han dado mayor pérdida son: Trujillo con S/ 10.130,90, Julcán con S/ 2.375,80, Virú registra S/ 2.098,60 y Bolívar S/ 1.852,60. El restante se reparte entre las provincias de Pacasmayo (S/ 79,80), Pataz (S/ 97,30), Gran Chimú (S/ 148,30), Sánchez Carrión (S/ 168,40), Ascope (S/ 195,70), Chepén (S/ 330,20), Otuzco (S/ 429,90) y Santiago de Chuco (S/ 467).
Control simultáneo
“Más que números, implica que las cosas no se están haciendo bien, por más que nosotros alertamos en los controles simultáneos para que los funcionarios adopten acciones correctivas, estos no lo hacen y ahora funcionamos diferente. Al hacer advertencias simultáneas, equilibra la ejecución de una auditoria. Ellos ya saben a dónde vamos a ir, para hacer el control posterior y esto se convierte en un perjuicio económico y también esto conlleva a una responsabilidad civil o penal”, detalló Quiroga.
También, agregó que se han identificado 295 funcionarios y 561 responsabilidades, de las cuales 311 son administrativas, 156 penal y 94 civil.
“Necesitamos que la población entienda que nosotros enviamos los informes a las respectivas instituciones y son los procuradores quienes elevan los casos a lo civil o penal a fiscalía y ahí hay todo un proceso que se respeta”, expresa.
Entes privados
Si bien la Contraloría alerta sobre la conducta de los funcionarios y a quienes se les debe abrir procesos administrativos, no se sabe qué está pasando con los terceros, aquellas personas jurídicas o profesionales que toman parte de una obra.
“Aquí nos encontramos con un problema. Los Colegios Profesionales no están inhabilitando a sus colegiados que han cometido actos de corrupción. La OSCE no está impidiendo que empresas involucradas en perjuicios económicos dejen de participar en licitaciones y se debe apuntar ahí, estas deben estar en el sistema (de empresas) vetadas”, dijo.
Fuente La República
