Las empresas brasileñas Odebrecht y OAS se hicieron cargo de dos grandes y millonarias obras en Cusco. Ambas habrían sido favorecidas irregularmente por anteriores y actuales autoridades y funcionarios regionales. La Fiscalía Supraprovincial de Lima y dos despachos de Cusco investigan esos hechos de corrupción.
Odebrecht, según un colaborar eficaz, pagó una coima al expresidente regional Jorge Acurio para ganar la construcción de la avenida Evitamiento. La obra fue concluida pero con deficiencias y precio sobrevaluado (costaba S/ 297 millones 975 mil 952.84 y su precio se elevó a S/ 410 millones 792 mil 105.44).
OAS, a través del consorcio Salud Lorena, se hizo cargo de la construcción y equipamiento del hospital Antonio Lorena. Avanzó menos del 50% de la infraestructura cuando la gestión de Edwin Licona resolvió el contrato. Cobró más de S/ 220 millones, cuando toda la obra costaba S/ 291 millones 579 mil 667. Para concluir el trabajo de OAS y equipar el nosocomio se demanda otros S/ 225 millones.
LOS ARBITRAJES
Para que ambas firmas brasileñas no se salgan con la suya, la Procuraduría del Gobierno Regional Cusco (GRC) inició arbitrajes por daños y perjuicios. Se demandan S/ 290 millones a Odebrecht, OAS y empresas vinculadas a esta última (Cesel).
Según la procuradora regional Rossy Gamarra, los arbitrajes con Odebrecht avanzan con lentitud.
La Procuraduría inició un proceso para exigir a Odebrecht la devolución de alrededor de S/ 100 millones que fueron pagados en forma indebida en las gestiones de los expresidentes Jorge Acurio y René Concha, y el actual gobernador Edwin Licona.
Reclama igualmente (con otro arbitraje) a la supervisora Consorcio Vial Qosqo el pago de S/ 7 millones. “La empresa no supervisó adecuadamente y se le pagó indebidamente”, dijo.
En tanto, sobre OAS hay cuatro arbitrajes y uno contra la supervisora Cesel, que estaba integrada por empresas de OAS. El GRC demanda a OAS el pago de S/ 70 millones por mala ejecución del Lorena y a Cesel 120 millones por una inadecuada supervisión.
“OAS hizo mal la obra como lo demuestran varios informes y la supervisora debe pagarnos porque incumplió (…) ni alertó sobre las deficiencias, las ampliaciones y pagos indebidos”, precisó Gamarra.
Fuente La República
