Era noviembre del 2004. Alejandro Toledo entró a un salón privado del hotel Marriott de Río de Janeiro junto a su socio, el israelí Josef Maiman, y ambos estrecharon la mano del ingeniero Jorge Barata, director ejecutivo en el Perú de Odebrecht, y de varios otros directivos de la gigante constructora brasileña. Satisfecho, el presidente peruano acordó con Barata una futura reunión en Lima, siempre frente al mar, donde ajustarían los últimos detalles del millonario soborno –más de US$30 millones– que iba a recibir a cambio de otorgar a esa empresa la concesión para construir un tramo de la carretera Interoceánica, una extensa vía que une ambos países. Maiman anotó todo en una agenda que, quince años después, se convertiría en prueba material del delito.
Al final de la cita, Toledo fue guiado por los guardaespaldas hacia un auto de lunas polarizadas y se alejó por la fastuosa avenida Atlántica, junto a la arena de la playa Copacabana, imaginando un futuro placentero cerca de Eliane Karp y lejos de la justicia.
Aparentemente, Barata demoró en pagar una de las cuotas establecidas y, sin proponérselo, provocó que su contraparte pronunciara uno de los exabruptos más procaces y, a la vez, más honestos en la historia de la corrupción peruana: “¡Oiga, Barata, paga carajo!”.
Pero el nuevo inquilino del fundo Barbadillo no fue el único político peruano que sucumbió a los encantos de Odebrecht. La lista es larguísima. Lo curioso es que, mientras algunos de estos arreglos bajo la mesa progresaban, Jorge Barata mantenía el perfil impecable del empresario audaz y moderno.
Por aquellos años, un periodista del diario “Gestión” le preguntó qué opinaba de las relaciones, a veces tormentosas, entre el sector privado y el sector público. “Hay un esfuerzo grande para superar las dificultades. Siempre queremos que las cosas caminen a mayor velocidad”, respondió el brasileño en lo que hoy, cuando ya sabemos realmente cómo operaba, podríamos tomar no como un acto fallido, sino como una declaración de principios sobre la famosa y muy peruana ‘aceitada’.
De Brasil para el mundo
La palabra Odebrecht “debiera entrar al lenguaje como verbo, adjetivo, adverbio. Odebrechtear a alguien, actuar odebrechtmente, dar un odebrechtazo, andar odebrechteado”, escribió el argentino Diego Fonseca en el prólogo de “Perdimos” (Planeta, 2019), un libro en el que una veintena de cronistas detallan, cada uno desde su país, los estragos causados por la red de corrupción de la constructora brasileña.
La lista en el Perú es larga, decíamos, pero además es transversal a todos los altos cargos políticos que existen.
En el caso de los presidentes, Toledo no ha sido el único que estrechó las manos de Barata después de haber llegado a un acuerdo subrepticio. En sus delaciones ante los fiscales peruanos y brasileños, Barata contó que en el año 2010 entregó US$3 millones a Ollanta Humala para financiar la campaña electoral nacionalista. Fue otra vez frente al mar, en un departamento de Miraflores, donde se ultimaron los detalles. Ahora Humala está procesado por lavado de activos. También Alan García era investigado por haber recibido un supuesto soborno de la constructora a cambio de favorecerla en la licitación de las obras de la línea 1 del Metro de Lima. Se suicidó cuando los policías fueron a su casa para intervenirlo. Pedro Pablo Kuczynski es el cuarto expresidente del Perú que ha sido, y es todavía, investigado por presuntos pagos indebidos recibidos cuando era ministro de Toledo.
Varios gobernadores regionales fueron también ‘odebrechteados’, como diría Fonseca. Félix Moreno (Callao), César Álvarez (Áncash), Jorge Acurio (Cusco) y Nery Saldarriaga (Lambayeque) han sido incluidos en las investigaciones. En total, las pesquisas por el Caso Lava Jato en el Perú alcanzan a más de 800 personas, aunque los casos avanzan a ritmos distintos en el sufrido sistema judicial.
También hay alcaldes en la lista. Entre ellos Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio, por mencionar solamente a los de Lima.
Ese “esfuerzo grande por superar las dificultades” que mencionó Jorge Barata en aquella entrevista no solo se aplicaba a autoridades en pleno ejercicio de sus funciones, sino que se proyectaba siempre hacia adelante. El propio brasileño ha reconocido que se reunía con los candidatos presidenciales que más opciones tenían de llegar a Palacio, como para ir perfilando las acciones futuras. Keiko Fujimori, por ejemplo, cumplió prisión preventiva tras ser denunciada por la fiscalía por lavado de activos, es decir, por el uso no legal de dinero de Odebrecht para su campaña del 2011.
Y, sí, Barata ayudó a que el sector privado y el aparato público se entendieran, pero de la manera más turbia posible. Reconocidos empresarios peruanos formaron parte de esos engranajes oscuros, como Gustavo Salazar, actualmente prófugo, o José Graña y otros directivos de la constructora Graña y Montero, quienes admitieron haberse aliado con sus pares brasileños para participar en millonarias obras que solo a unos pocos beneficiaron. //
Fuente El Comercio
