Un tema de fondo en las investigaciones contra los Humala es que el dinero supuestamente ilícito no procedería únicamente de Odebrecht. De acuerdo con la imputación que les hizo el Ministerio Público en junio del 2016, recibieron dinero encubierto de diversas fuentes y emplearon una parte en las campañas electorales del 2006 y 2011. Con otra parte adquirieron propiedades, crearon empresas y alimentaron cuentas bancarias a nombre de terceros.
Las leyes peruanas castigan levemente el falseamiento de información financiera a la ONPE por parte de los partidos políticos. Por este motivo, la idea de la defensa de los Humala es mantener en este ámbito todos los hechos recientemente denunciados.
DOS VERSIONES
Está en entredicho si Odebrecht entregó dinero para la campaña del 2006. El cantador de Odebrecht, Jorge Barata, no reconoce aportes con tal fin y asegura que de haberlos habido él los hubiera conocido. La versión contraria es la de un aspirante a colaborador eficaz, quien sostiene que el 2006 la empresa dio US$ 400 mil. Estas versiones, como todo lo dicho por Barata, tendrán que ser convalidadas por investigaciones. Pero la hipótesis que emerge de los indicios aparecidos en los últimos años, es que los esposos Humala diversificaron donantes. Al momento el cuadro dista mucho de estar completo.
La circunstancia presenta un dilema para el Ministerio Público. Pues hasta el momento el estudio sobre todos los aportes los estaba llevando a cabo el fiscal de lavado de activos, Germán Juárez Atoche. Las complejas investigaciones del 2006 y 2011 están en un mismo expediente. ¿Pasará todo eso al fiscal del caso Lava Jato, Hamilton Castro? Este dilema posiblemente se extienda a las procuradurías, en cuyo terreno fue creada recientemente una ad hoc para Lava Jato.
DOS CAMPAÑAS
El Ministerio Público imputa a los Humala haber creado una organización criminal entre familiares y allegados para el uso de fondos ilícitos. Ha identificado que en 2006 ingresaron a dos cuentas de Nadine Heredia US$ 24,250 transferidos por su amiga Rocío Calderón y su madre Antonia Alarcón, quienes a su vez las recibieron de la empresa venezolana Inversiones Kaysamac. De otra empresa, Venezolana de Valores, recibió un poco menos de ocho mil dólares. Sin precisar datos la fiscalía presupone que más dinero llegó de Venezuela a través de personas de confianza o en valija diplomática. Presume también que parte de esos fondos ingresaron a la campaña electoral, que según la ONPE presenta un desbalance en contra de dos millones de soles. Hasta aquí, como se ve, la cifra del dinero negro identificado no impresiona.
La información es más abultada para los años siguientes. El Ministerio Público describe un enrevesado mecanismo de aumento patrimonial a través de testaferros, y para lavar dinero, producto de fondos recibidos de Odebrecht y la también brasileña OAS. Aparte de pagar artificialmente a Rocío Calderón (US$ 10,000 mensuales cuya destinataria habría sido Nadine), le habría entregado a los Humala el 2.5% del presupuesto de mejoramiento del hospital Antonio Lorena del Cusco. La imputación describe bienes adquiridos tanto por Antonia Calderón como por Velita Calderón, ex embajadora del Perú en Francia, además de una trama de falsos contratos laborales de Nadine para justificar ingresos. En esa campaña también la ONPE detectó un desbalance entre ingresos y egresos, y saltó al público una simulación de aportes a gran escala. La conclusión para 2011 sigue siendo la misma que en el 2006: no todo el dinero ingresó a la campaña electoral. Las cifras en juego superan el millón de dólares.
NO RECIBIMOS
Ante la perspectiva de la investigación preliminar por las revelaciones de Odebrecht, la defensa de Humala anticipa dos argumentos. Uno, que no recibieron, de parte de Barata, ni de los asesores de campañas políticas Valdemir Garreta o Luis Favre —ellos también lo han negado— los tres millones de dólares mencionados. Otro, que todo lo que les fue donado en las campañas electorales del 2006 y 2011 fue declarado a la ONPE. El ex presidente asume que si se demostrara que la organización falseó su rendición de aportes, solo recibiría sanciones administrativas, de acuerdo con la legislación. Ha dicho lo mismo su abogado defensor, el ex ministro del Interior Wilfredo Pedraza. Añadiendo que lo que Barata dice debe ser demostrado documentalmente.
Sin embargo, hay documentación previa a la confesión de Barata: una planilla de pagos encontrada en la oficina de sobornos de Odebrecht cuando la Policía Federal la allanó, y en la que figura “Programa OH” junto a la cifra de 4.8 millones de reales, el equivalente de tres millones de dólares en 2011. Y la fiscalía podría obtener mayores evidencias durante la investigación preliminar, por ejemplo la propia declaración de Marcelo Odebrecht, quien según Barata fue quien ordenó los pagos.
LAVADO Y SECADO
Así las cosas, la línea de defensa de negar los aportes es finalmente vulnerable, y por eso Ollanta Humala, luego de las confesiones de Barata, salió a declarar que no había recibido “dinero ilegal”, de Odebrecht. Lo que viene a significar que si llegaron fondos no se justificaría una penalización: la ley electoral permite que empresas privadas financien campañas políticas. Si se exceden en el monto permitido, el partido solo es multado. Actualmente asistimos a un debate jurídico respecto de si los Humala pueden refugiarse en esta legislación para salir bien librados.
Pero la imputación del Ministerio Público, como ya hemos visto, señala que el dinero que habrían obtenido los Humala —tanto de Odebrecht como de otras fuentes—no fue solamente empleado para financiar su participación electoral, o el fortalecimiento del Partido Nacionalista. Una parte fue empleada para un beneficio privado, a través de terceros. ¿Cómo podría considerarse aporte de campaña un dinero nunca declarado como tal y que sirvió para enriquecer a quienes lo recibieron?
La puerta principal para acusar a los Humala de lavado de activos —un delito en el que el dinero originario es ilícito— es que los fondos procedían del robo de Odebrecht a Petrobras. Aunque en 2011 esas ilicitudes se desconocían, es a todas luces irregular que un candidato presidencial reciba tres millones de dólares gestionados por el partido gobernante de Brasil a través de una empresa contratista. Con todo, no es la única puerta, como han señalado ayer en El Comercio los penalistas Roberto Pereira y Carlos Caro. Sostienen que al recibir los Humala fondos para beneficio propio y no haberlos declarado, incurrieron en defraudación tributaria. El dinero es, por tanto, ilícito, y aplica para acusar por lavado a sus tenedores. Un dinero que fue lavado pero no secado.
Fuente La República
