A poco de finalizar el periodo en el que puede usar las facultades otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo aprobó ayer –en la última sesión del Consejo de Ministros del 2016- un nuevo paquete de 14 decretos legislativos en temas justicia y lucha contra la corrupción, temas tributarios, y de simplificación administrativa.
El primer ministro, Fernando Zavala, destacó las normas en materia de lucha contra la corrupción. Dijo que estas buscan abarcar tres ejes: prevención, persecución y sanción, y rehabilitación o reinserción social. ¿En qué consisten estas medidas que pretenden cambiar el panorama de corrupción en el Perú para el próximo año?
AÑO NUEVO, MEDIDAS NUEVAS
La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, explicó a detalle algunas de las medidas que el Gobierno tomó a bien impulsar. La primera de ellas se refiere a la Ley de Procedimientos Administrativos, la cual ha sido modificada para “hacer reglas predecibles de manera que si un ciudadano va a una municipalidad, sepa exactamente qué cosa le va a pedir el funcionario público, de manera que se reduzcan los espacios de corrupción, de coimas”.
Pérez Tello resumió la importancia de esta norma así: “Hemos eliminado el servicio administrativo negativo, que lo que hacía era fomentar la ineficiencia en la gestión, y hemos optado por el servicio administrativo positivo, de manera que el ciudadano no se perjudique por la negligencia de un funcionario”.
La segunda que mencionó fue el paquete de normas vinculadas a fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Dijo que el objetivo, en este punto, es que el dinero que circule en el Perú haya sido obtenido de manera lícita, erradicando la corrupción o el dinero producto del lavado de activos.
También mejorarán los códigos penales “para que los tipos penales sean exactos y los jueces y fiscales puedan investigar adecuadamente”. Sobre ello, la ministra indicó que están corrigiendo problemas en la liberación indebida de delincuentes.
“Estamos acostumbrados a ver que se capturan delincuentes por parte de la Policía, en una operación conjunta con la Fiscalía, y se terminan poniendo en libertad”, mencionó en la conferencia de prensa.”.
Dijo también que cambiaron los límites temporales de prisión. Una persona podía estar detenida máximo 24 horas durante una investigación preliminar, y el plazo de la prisión preventiva era de 9 meses y de 18 meses para casos complejos. Las normas que aprobó el Consejo de Ministros hacen que el plazo de detención sea de hasta 7 o 10 días de investigación preliminar, y de 18 meses el plazo máximo de prisión preventiva para todos los casos. “Por supuesto todo esto con control de legalidad”, refirió.
Otra norma que destacó Pérez Tello fue la destinada a mejorar los sistemas de colaboración eficaz, de manera que “no solo se pueda capturar a los famosos burriers sino al dueño de la coca”. Señaló que, para ello, de ahora en adelante, incluso personas detenidas podrían aplicar a la figura de la colaboración eficaz.
En la sesión de ayer, la PCM también acordó ampliar la muerte civil. Hasta ahora, lo que existe es una inhabilitación perpetua para ejercer la función pública para aquellos que fueron condenados por corrupción. Sin embargo, Pérez Tello dijo que no había cómo expulsar a aquellos que ya trabajan en el Estado, a quienes esta norma no les afecta.
“Hemos corregido esa norma con una medida administrativa laboral para que no puedan trabajar en el Estado personas sentenciadas por delitos de corrupción y para que tú puedas despedir a una persona que haya sido sentenciada por corrupción hoy día, aunque el hecho (delito) lo haya cometido hace 5 años”, sostuvo.”.
Adicionalmente, en el enfoque preventivo, se trasladará los centros de menores infractores, como el de Maranguita, al Poder Ejecutivo. De esta manera, se les podrá brindar atención de parte del Ministerio de Educación y del Ministerio de la Mujer, para “fortalecer a la familia y atender a los menores infractores evitando que hoy un adolescente se convierta en un delincuente mañana”.
TAREA PENDIENTE
La ministra de Justicia indicó que el próximo miércoles, en la primera sesión del Consejo de Ministros del 2017, se aprobarán el total de medidas anticorrupción del Gobierno, las cuales significarán más del 30% de las 100 recomendaciones que planteó la Comisión Presidencial de Integridad el 5 de diciembre.
Dijo que “se ha creado el Sistema contra la Corrupción, conformado por el Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia, en las áreas de Procuraduría y Defensa Pública, para combatir la corrupción eficazmente”.
Añadió que ya se encuentran en los debates finales para publicar las normas referidas a la creación de la Procuraduría General del Estado, la carrera penitenciaria, la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario, normas de conflictos de intereses, modificaciones al código penal para tipificar el tema de violencia familiar y feminicio, el tema de grilletes o vigilancia electrónica que requiere una actualización, y la simplificación de los trámites de traslados y extradiciones.
Fuente Perú21
