Bajo la excusa de “desabastecimiento”, el expresidente Martín Vizcarra, y sus funcionarios ordenaron que se compre cerca de medio millón de un medicamento llamado Vasopresina, el cual no tenía sustento técnico que respaldara su utilidad en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Esto provocó un perjuicio económico millonario al Estado, según un informe de la Contraloría.
El primer lote del fármaco llegó al país el 15 de junio del 2020. El monto que se pagó fue de 23 millones, 760 mil soles a una empresa de nombre Pharmaceutical Distolaza. La compra se realizó de forma directa, es decir, sin concurso público.
La Contraloría detectó que el CENARES distribuyó solo 49 240 unidades de Vasopresina en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional y las otras 430 760 unidades permanecieron en el almacén, donde se terminaron por vencer. Es decir, nunca llegó a pacientes que lo pudieron haber requerido.
El médico Bernardo Ostos Jara, quien ahora trabaja como asesor en el fondo de aseguramiento de la Policía, es uno de los rostros identificados que están involucrados en este acto por lo menos irresponsable.
Ostos, en ese entonces, era el director de la Dirección General de Operaciones en Salud y fue la persona que firmó el documento requiriendo la compra de este fármaco. Para la Contraloría, este médico ocasionó un perjuicio económico millonario al país.
Fuente Diario Expreso
