La corrupción ha limitado el desarrollo y el progreso del Perú, pues ha privado a los más pobres de escuelas, hospitales, caminos y trabajo digno. Además de robarnos dinero, nos ha arrebatado la confianza en nuestras instituciones y autoridades.
Estudios dan cuenta de que el costo de la corrupción en el Perú representa cerca del 2% del producto bruto interno (14,000 millones de soles), “una cifra tan injusta como indignante”, ha señalado el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, ante el pleno del Congreso.
Por lo general, se atribuye la corruptela a la informalidad. No obstante, hemos sido testigos de casos, como Lava Jato, que involucran a empresas formales y funcionarios y ejecutivos que perciben buenos sueldos. Resulta, pues, un llamado de atención sobre la crisis de valores en los ciudadanos, que debe atenderse con prontitud.
Tiene que ser un punto de inflexión para asumir, de una vez por todas, una lucha frontal contra la corrupción y hacerla una máxima, al punto de entender que el crecimiento económico y la estabilidad democrática en el país solo se lograrán en tanto ese flagelo se combata de manera eficaz y efectiva.
Durante su presentación ante el Parlamento para solicitar el voto de investidura, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros aseguró que en el gobierno de Martín Vizcarra no se tolerará el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos.
Consciente de las consecuencias funestas del flagelo, uno de los seis grandes temas en los que el Gobierno ha solicitado al Congreso la delegación de facultades es legislar en lo que se refiere a integridad y lucha contra la corrupción porque es indispensable contar con instrumentos más robustos para prevenir y combatir la impunidad.
Villanueva ha adelantado medidas para enfrentar al referido flagelo: la Ley de Gestión de Intereses o Ley de Lobbies; la ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo; la Ley de Extinción de Dominio, una propuesta para sancionar la corrupción en el sector privado.
También ha indicado que todos los ministros y altos funcionarios estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses y parentesco; es decir, dejará de ser una medida de buena voluntad, como lo es hasta ahora.
Otra de las propuestas será reestructurar el modelo de financiamiento de campañas electorales para penalizar los aportes no declarados y bancarizar el financiamiento de la política. Además, mediante el currículo escolar se promoverá una sólida formación en valores, en el entendido de que la educación será una herramienta de transformación.
Como un primer paso para prevenir la corrupción y sancionar a los responsables, nuestro país ya cuenta con el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, y se ha creado la Secretaría de Integridad Pública.
Más allá de las facultades que espera obtener el Ejecutivo y las normas que disponga, se debe tener claro que el éxito en la lucha anticorrupción estará íntimamente ligado con el compromiso decidido que asumamos los peruanos.
Fuente El Peruano
