Para desentrañar el escándalo de megacorrupción internacional denominado Lava Jato, que involucra a tres gobiernos peruanos, es necesario analizar varias aristas. La ex presidenta del Tribunal de Contrataciones del OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) explica qué instituciones fallaron en las adjudicaciones de obras.
¿Hubo fallas en la adjudicación de contratos a las empresas brasileras?
Dudo que haya habido fallas; lo que hubo fue corrupción desde el momento de la elaboración de las bases y, quizás, desde la elaboración de las normas. Es posible que los postores adjudicados hayan cumplido a cabalidad con las bases porque, tal vez, fueron hechas a su medida. Y en esto tiene mucho que ver la asesoría legal de la que se valieron estas empresas. Al menos, Odebrecht y OAS tuvieron como asesor al estudio Echecopar, y este estudio, al mismo tiempo, ha sido asesor incluso del OSCE, participó en la elaboración de la Ley de Contrataciones y acaba de participar en la elaboración de la nueva Ley de Procedimientos Administrativos.
¿Deben establecerse límites en la participación de los estudios jurídicos?
Pienso que, por salud de nuestra normatividad, los estudios que fueron asesores de empresas como Odebrecht y OAS no deben seguir participando en la elaboración de las normas. Los mayores corruptos cumplen con las normas porque sus propios abogados participan en la elaboración de estas. Debe investigarse en los documentos de los grandes estudios jurídicos.
¿Cuál es la responsabilidad del OSCE?
El OSCE, a sabiendas de que los abogados de estos grandes estudios asesoraban a las grandes empresas involucradas en grandes casos de corrupción, los contrataba para asesorar en la elaboración de las normas. Incluso, estos abogados se han presentado ante el OSCE como representantes de algunos proveedores del Estado, de los más grandes.
¿Entonces, el OSCE también ha sido parte del mecanismo de corrupción?
Por supuesto, el OSCE ha sido parte del engranaje de corrupción. Por eso, desde que en el 2012 supe que la señora Magali Rojas había sido designada presidenta del Consejo Directivo sin que haya sustentado su curriculum vitae y a sabiendas de que, además, había sido esposa de un militar de la promoción de Ollanta Humala, supe que esto era parte de algo que el gobierno nacionalista consideró su botín.
Pero las coimas también se habrían dado en los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, no solo en el de Ollanta Humala.
En el gobierno de García, lo que vi fue que había denuncias no de las más altas autoridades del OSCE, sino de mandos medios.
¿Qué denuncias?
No cumplían con los requisitos técnicos mínimos para ser vocales del tribunal, y eso yo lo remití a la Contraloría, pero los resultados nunca los supe.
¿Y en el gobierno de Toledo?
En ese gobierno, lo que sucedió fue que los anteriores vocales dejaron prescribir muchos expedientes de sanción a proveedores que estaban siendo investigados por alguna presunta infracción. Hubo un festín de casos sin resolver.
Estas empresas brasileñas operan en el Perú desde hace varios años. ¿A qué institución se le pasó la tortuga?
Yo creo que al OSCE, por no identificar que los procesos pudieron estar direccionados. Si el OSCE hubiera tenido personal especializado o con vocación anticorrupción en la presidencia ejecutiva, habría advertido que estas empresas ganaban todos sus procesos de selección con sobreprecio.
¿Pudo haber responsabilidad también de Proinversión?
Yo creo que sí. Hay que revisar las bases, pero, por ejemplo, en lo del Gasoducto del Sur se cuestionó que el asesor de Odebrecht, el estudio Echecopar, era al mismo tiempo asesor de Proinversión. En realidad, las investigaciones se están centrando en el otorgamiento de la buena pro cuando el asunto está en quiénes participaron en la elaboración de las leyes, de las bases.
El presidente dijo que no creía necesario que Odebrecht se retire del Perú pues las responsabilidades son de los funcionarios. ¿Qué opina?
Es justo que las instituciones no asuman las culpas de sus integrantes, pero, en este caso de corrupción sistemática, sería bueno que dejemos el camino libre para que las investigaciones se desarrollen. Si permitimos que los antiguos funcionarios de Odebrecht sigan trabajando allí, es posible que mantengan información vital para las investigaciones reservadas. Es lo mismo que pasa hoy en el OSCE. Me apena decirlo, pero el papel del OSCE ahora es desconfiable, pues quienes lo dirigen son los mismos que estuvieron involucrados en la compra del satélite.
¿Cree que la modalidad de compra de gobierno a gobierno facilita la corrupción?
Es inconstitucional, porque toda compra se realiza por licitación pública. El OSCE, en 2012, dijo que las compras de gobierno a gobierno se excluyen de las licitaciones del Estado. El OSCE, con esto, usurpó las funciones del Parlamento. Además, la compra del satélite no fue al gobierno francés, fue a una empresa privada. Entonces, ¿por qué no intervino OSCE y Contraloría?
Autoficha
“Soy abogada e investigadora anticorrupción. Fui vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado (OSCE) por más de cuatro años, y presidenta de este organismo de febrero a setiembre del 2011. Soy asesora internacional y docente en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la USMP”.
“La designación de funcionarios en OSCE sin que cumplan con los requisitos establecidos por ley puede haberse dado también en gobiernos anteriores al de Humala, pero nunca se dio en la presidencia ejecutiva, lo cual era vital”.
“En el caso de la compra de computadores en el Congreso, ellos deben elegir un proveedor. Si la empresa no calificaba para venderle al Estado, OSCE no debió proponerla en la lista. Si existió un sobreprecio, habría que ver la estructura de costos del proveedor. Se debe investigar”.
Fuente Perú21
