La Contraloría halló un perjuicio económico de S/ 1 100 446,75 por pagos efectuados en la obra “Rehabilitación de losas de concreto en el Canal Vía Cieneguillo y Cola de Alacrán”, en la provincia de Sullana, a pesar que el contratista no efectuó uno de los servicios contemplados en el proyecto.
Según el Informe de Control Específico N°24011-2021-CG/GRPI-SCE, el municipio pagó por el insumo de servicio de bomba para concreto premezclado que está incluido en una de las partidas de la obra, pese a que el consorcio ejecutor no realizó dicho servicio, con lo cual no solo generó el perjuicio económico señalado, sino que vulneró los principios de eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones del Estado.
La comisión auditora advirtió oportunamente a la comuna que el contratista venía incumpliendo la obligación relacionada a este servicio, conforme a las especificaciones del expediente técnico. Sin embargo, la entidad efectuó los pagos de once valorizaciones (entre setiembre de 2019 a diciembre 2020), las cuales fueron aprobadas, tramitadas y autorizadas por la supervisión de la obra, inspectores de obra y funcionarios municipales, a pesar de tener conocimiento que no había sido aplicado en el proyecto.
De esta manera, las personas involucradas en los hechos favorecieron al consorcio al aprobar, tramitar y/o autorizar estas valorizaciones de la obra, así como otorgar la conformidad a las mismas, no adoptando las acciones correctivas que fueron alertadas en el servicio de control concurrente.
Obra de Reconstrucción
En el año 2018, la empresa ganó la licitación de la rehabilitación del Canal Vía, considerado una infraestructura importante por donde se evacúan las aguas pluviales en épocas de lluvias de la ciudad de Sullana. Dicha inversión superaba los S/ 16.9 millones y su plazo de ejecución de 300 días calendario se inició el 13 de diciembre de ese año. Hasta el momento se ha pagado S/ 14.9 millones al contratista.
El resultado del servicio de control posterior fue comunicado al alcalde provincial de Sullana para el deslinde de responsabilidad administrativa de las personas involucradas y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las medidas penales contra los exfuncionarios.
Fuente El Tiempo
