En el año 2009, cuando entró en vigencia el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), apenas se llegaba a los S/ 6 millones de inversión por dos empresas privadas que habían apostado por esta herramienta lanzada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incentivar la participación del sector privado en proyectos de infraestructura pública.
Bajo las OxI las compañías privadas pueden ejecutar obras de infraestructura del sector público con el beneficio de que posteriormente se pueda descontar lo invertido del impuesto a la renta que deberá pagar.
Según precisa Proinversión, esta entidad participa con asesoría y asistencia técnica en el uso del mecanismo a las entidades del gobierno nacional y subnacionales, en tanto la implementación y ejecución del mecanismo se encuentra a cargo de los gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades del gobierno nacional, entre ellas los ministerios.
Así, este instrumento empezó a tener una mayor acogida año tras año y las mineras Antamina, Milpo y Southern Perú Copper Corporation; los bancos BCP y Scotiabank, así como las compañías Austral Group y Cementos Pacasmayo eran algunos los que figuraban en la lista de empresas financistas.
De este modo en todo el 2017 se llegó a la cifra récord de S/ 927 millones, sin embargo, desde ese entonces se observa que en lugar adjudicarse más proyectos bajo este mecanismo, el número de las obras se ha reducido.
Con datos de Proinversión, se registra que a setiembre de este año la adjudicación de Obras por Impuestos es la más baja después del año 2015. Según indica, esta tendencia negativa repite la tendencia de baja ejecución de inversión pública que suele darse en el primer año de gestión de gobiernos subnacionales. “Este año las nuevas autoridades regionales y locales asumieron funciones, al igual que en el año 2015”, afirmó Proinversión.
Cabe mencionar que con la cifra de setiembre se tiene un avance de 36% respecto a la meta de adjudicación para todo el 2019, estimada en S/ 701 millones.
Para José Enrique Cárcamo, especialista en asociaciones públicas privadas y docente en ESAN Graduate School of Business, si bien este mecanismo tiene aún un potencial para seguir expandiéndose, la caída registrada en los últimos años puede estar asociada principalmente al cambio de autoridades, pues de acuerdo a la norma de OxI, las empresas privadas solo pueden financiar un proyecto público que esté alineado con las prioridades de los gobiernos locales, regionales y nacionales.
“A veces por temas políticos un alcalde no quiere continuar los proyectos de su antecesor, quiere formular otro y quiere diferenciarlo. Esto es lo que frena los proyectos de inversión y las Obras por Impuestos”, sostuvo. A ello se suma el surgimiento de los conflictos sociales en el país, lo que –según el experto- aleja a las empresas privadas la intención de invertir en los proyectos.
Vinculado a la inversión pública
Por su parte, el exministro de Economía, Alonso Segura, consideró que las menores inversiones en OxI estarían vinculadas a la caída de la inversión pública en general. Y es que de acuerdo a cifras del Banco Central de Reservas (BCR), en lo que va del año este indicador solo ha tenido resultados positivos en los meses de abril (18.6%) y junio (21.3%).
“Mi lectura es que es un tema de gestión, que no se impulsó el instrumento (OxI) pero eso deben responder las autoridades. La otra posibilidad está en línea en que los proyectos de inversión pública no han caminado en general, como que hubiera un tema común a todos. Todas las modalidades de inversión pública, que incluyen asociaciones públicas privadas y las obras por impuestos, caminan más lento”, precisó.
A su turno, Karen Ángeles, Asociada Senior de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, precisó que este régimen tiene 10 años y en ese periodo ha evolucionado haciéndolo más atractivo. Sin embargo, manifestó que se deben realizar ajustes en la norma para que pueda avanzar con mucha más facilidad. Según dijo, los procesos para desarrollar las Obras por Impuestos se asemejan al reglamento de la contratación pública, en tanto más allá de simplificar los trámites o plazos, se debe trabajar en una mejor contratación de los gestores que realizarán los procesos de este mecanismo.
“Los funcionarios tienen que estar empapados, tanto en la etapa de concurso y en la ejecución del proyecto (…) Se tendría que tomar una revisión al reglamento pero esto va paralelamente con la preparación de equipos del sector público a fin que en el 2020 tengamos un Estado mucho más capacitado si es que la finalidad es que esta herramienta funcione y disminuya la brecha de infraestructura”, concluyó.
Fuente Diario Gestión
