Error tras error, es uno de los grandes dramas de los gobiernos regionales y locales que administran de manera deficiente los recursos de todos los peruanos. Se tiene que ir desterrando esa mala praxis, expone el encargado de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique. Su institución elaboró un balance de la crisis ética de las autoridades y su impacto en la ejecución de obras que deberían beneficiar a la población.
El primer punto está referido a la corrupción. La crisis que enfrenta la región es la ética de sus autoridades. Para Manrique se debe buscar recuperar la confianza de la población. La fórmula para hacerlo, indicó, es cumpliendo la ley y colocando a los funcionarios que cumplan los requisitos. “El punto de inicio de la corrupción es cuando designas a funcionarios que no cumplen el perfil técnico ni ético (…) Tenemos que rechazar la costumbre de contratar al compadre o la comadre”.
Otro punto que tiene relación con la mala designación de servidores, es la paralización de obras. Según el INFOBRAS en la región Arequipa hay 119 proyectos detenidos y están concentrados en el sector educación, salud, saneamiento y transporte. El 50% son de responsabilidad del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), advierte Manrique. Semanas atrás, Contraloría ubicó a Arequipa como la segunda región del país con S/ 3 mil 111 millones congelados por 94 obras.
Subraya Manrique que la autoridad política no designa a los profesionales técnicos adecuados para hacer los expedientes técnicos. Por eso en la ejecución son observados, generando con ello retrasos, adendas al contrato, modificaciones al presupuesto y hasta paralizaciones indefinidas. Uno de esos casos es el hospital Cotahuasi que no puede ser concluido por el GRA tras dos gestiones. “El tema de los hospitales es una situación crítica. Es inaudito que haya fallecido gente por la pandemia en provincias en las puertas de los hospitales que nunca entraron en funcionamiento”.
El contrato del hospital de Cotahuasi se resolvió en 2019 y cuando buscaron concluir la obra, el expediente de saldo estaba tan mal hecho, que Contraloría la observó. Otro caso es la millonaria carretera Vizcachani – Callalli – Sibayo – Caylloma. El contrato fue resuelto y nuevamente se adjudicó el saldo de obra en 2021. Sin embargo, la empresa abandonó los trabajos, es decir, hay la posibilidad de una segunda postergación.
Hospital de cotahuasi. La provincia de La Unión tiene 14 000 habitantes. Si sufren una enfermedad complicada, deben viajar cinco horas. El nuevo hospital está inconcluso.
Para el caso del GRA, la Defensoría recomendó la creación de una unidad funcional de integridad que identifique puntos críticos en la institución. En la entidad regional estos son las gerencias regionales de Infraestructura, Transporte y Comunicaciones y Salud que “requieren una estrategia focalizada para superar temas de corrupción”.
Manrique sostiene que la población está harta de los políticos, porque crean falsas expectativas y no garantizan el funcionamiento de proyectos. “Las personas que llegan a ocupar cargos de poder, creen que pueden administrar a su antojo los recursos y no en el marco de la ley”.
Pidió al sistema de control fiscal y judicial ser más eficiente y las nuevas autoridades electas superar estos inconvenientes cumpliendo las normas y rodeándose de gente proba.
Problema que no es atendido
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía
Tenemos una gran proporción de obras paralizadas que se han acumulado a lo largo del tiempo. Son 5 a 10 años de parálisis que hasta el último corte de la Contraloría es un monto significativo: 30 mil millones de soles en poco menos de 2400 obras que están paradas y están a cargo de los gobierno regionales y locales. Esto responde a deficiencias en los expedientes técnicos, incumplimientos contractuales de la entidad pública o la falta de financiamiento. Claramente se impide que estos servicios se les dé a la población. Es un problema que se le da la debida atención.
Sobre las responsabilidades hay un poco de todo, pero dentro de las obras paralizadas puede existir inconductas funcionales o corrupción. Obviamente la responsabilidad no siempre es de la entidad pública, el sector privado muchas veces interpone medidas de arbitrajes, paralizaciones. Todos estos problemas de retrasos nos cuestan 2% del PBI a nivel nacional lo que no es poco.
Fuente La República
