El 28 de febrero del año en curso, el pleno del concejo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) acordó por mayoría declarar en situación de desabastecimiento el servicio de recolección de residuos sólidos; empero, 15 días después y cuando aún la comuna no toma acciones específicas, la Contraloría General de la República observó esta medida por carecer de sustento técnico y legal, lo que pone en riesgo la contratación directa al margen de la Ley de Contrataciones.

El ente de control con el Oficio n.º 289, dirigido al titular del pliego, Marcos Gasco Arrobas, le solicitó adoptar los correctivos administrativos y legales pertinentes y llenar el formato del Plan de Acción y ser entregado al Órgano de Control Institucional (OCI) en el plazo de ocho días.

Para el regidor de minoría, Percy Espinoza Gonzales, la situación se complicó cuando el último viernes en sesión de concejo se dio luz verde a una modificatoria en el marco de dicha declaratoria, pero sin los informes técnicos.

En tanto la autoridad municipal, en su momento, afirmó que la crisis en el servicio de la limpieza pública conllevó a la aprobación de la situación de desabastecimiento.

Los fundamentos

¿Pero qué puso en tela de juicio la Contraloría? No se advirtió ni comprobó que la situación de desabastecimiento se generó por la ocurrencia de una situación extraordinaria o imprevisible, tal como lo exige el reglamento de la Ley de Contrataciones.

Igualmente sostuvo que no se determinó con precisión cuál es el bien o servicio cuya ausencia compromete la continuidad de las funciones del ayuntamiento.

La Contraloría destacó que la contratación directa procede cuando en un desabastecimiento comprobado se impida a la municipalidad cumplir con las actividades u operaciones.

De esta manera, enfatizó que la comuna en los informes que sirvieron de sustento para la emisión de dicho acuerdo no consideró los elementos que estipula la normativa.

Alquiler de maquinaria

El concejal Percy Espinoza precisó que el último viernes se aprobó por mayoría la modificatoria del Acuerdo 021, referido al desabastecimiento para el alquiler de diez compactadoras, pero sin un informe técnico. “La situación se agrava”, alertó.

“Sin informe técnico ni precisiones”

Espinoza señaló que junto a sus pares Jhony Pianna y Orlando Puels se abstuvieron de votar por el caso del alquiler de diez compactadoras, pues no se explicó por qué dicho número de vehículos. “Sin informe técnico ni precisiones por el número de compactadoras, así no se sustenta el desabastecimiento”, anotó.

Fuente La República

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