Mediante una auditoría de cumplimiento realizado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Hospital Regional de Ayacucho (HRA) se halló presunta responsabilidad en doce funcionarios respecto a la adquisición irregular de monitor multiparámetro para los diferentes servicios, así como la adquisición de alimentos para el centro de operaciones de emergencia, realizados en el periodo 2017.
De acuerdo al informe, el HRA, realizó la adquisición de monitores multiparámetros para los servicios de enfermería, en Ginecología, Pediatría y Emergencia que superan las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), fraccionando la contratación, pese a que se encontraban programadas en el plan anual de contratación y adquisiciones, limitando la participación de otros postores.
El monto total de la adquisición asciende a un total de 96 300 soles, por lo que su adquisición debió realizarse a través de un proceso de selección; sin embargo, fueron adquiridas de forma independiente durante el mes de diciembre del 2017.
Cabe señalar que, de acuerdo a la Ley de contrataciones del Estado, así como lo señalado en la directiva N° 001-2017-HRA-UEF, prohibe el fraccionamiento en las adquisiciones.
Respecto a la adquisición de alimentos (atún, galletas, conservas, mixturas, jugos, agua mineral) para el centro de operaciones del emergencia (COE) por un monto de 10 mil 790 soles, se ha obviado las especificaciones técnicas establecidas, sin dar igualdad de oportunidad a los participantes, beneficiando el otorgamiento de la buena pro al postor que presentó doble cotización.
Según la auditoría, se presentaron tres cotizaciones: una de la empresa CIMA SRL y dos cotizaciones con la misma numeración (270-2017) de la empresa EDGIS SAC, una ofertando, entre otros productos, atún con marca Florida y el otro, atún con la marca Fanny.
Asimismo, se hizo la observación que el responsable COE realizó la distribución de alimentos que fueron adquiridos para movilización de brigadas en situación de desastre y emergencias, sin considerar esta finalidad, generando perjuicio económico de 7 970,40 soles.
Finalmente, los funcionarios comprendidos en hechos de presunta responsabilidad administrativa y penal son: Yanet Julieta Peñaloza Vargas, Misael Cisneros Enciso, Carlos Vifran Gómez Tapahuasco, Miguel Ángel Cárdenas Mendoza, Moisés Sauñe Ramírez, Helio Calderón Oré, Paulino Huamán Valencia, Mónica Laurente Enrriquez, Vilma Sonia Villagaray Fernández, Daniel Jayo Chocce, Marisol Lozano Rodríguez y Katy Gutiérrez Malca, en este último caso también tendría presunta responsabilidad civil.
El informe fue elevado a la Procuraduría regional a fin de que se proceda con las denuncias ante el Ministerio Público.
Fuente La Jornada
