En la campaña presidencial de 2011 el entonces candidato nacionalista Ollanta Humala Tasso fue un furibundo enemigo de los organismos foráneos, sea el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), entre otras entidades cooperantes menores, a los que incluso amenazó con expulsarlos del país si se habrían prestado a actos de corrupción.
Dicho discurso fue flor de un día. Y es que apenas se sentó en Palacio de Gobierno en julio de 2011 esa tirria contra dichas instituciones, sean grandes o pequeñas, se trocó del odio al amor. Por eso es que el 9 de septiembre de ese mismo año Humala Tasso invitó al BM y al FMI para que Lima sea la sede de la Junta de Gobernadores 2015 de estos dos organismos financieros internacionales, invitación que fue rápidamente aceptada.
De forma que el BM, el FMI y el Perú suscribieron un convenio por el cual el Perú se comprometió a dotar de las instalaciones para el evento, que se realizaría del 5 al 12 de octubre de 2015; es decir, oficinas para las delegaciones, hospedaje para los 4,700 visitantes e invitados, servicio de transporte, suministro de equipos y todo tipo de servicios adicionales.
En otras palabras, se trataba de la construcción del Centro de Convenciones de Lima que está ubicado a la espalda del Museo de la Nación en la avenida Javier Prado del distrito de San Borja de la capital.
Ahora se puede decir que es un tremendo elefante blanco poco usado aunque levantado sobre un terreno de 10,884 m2 y un área construida de 85,441.39 m2 con una capacidad para albergar hasta 9,950 personas.
Además, cuenta con cinco niveles principales de salas de conferencias, cinco niveles de plataformas de servicios, andenes de esparcimiento, cafeterías, comedor, comunicación vertical a través de ascensores y escaleras mecánicas, área comercial, cuatro niveles subterráneos de estacionamientos, etc, etc.
Para los procesos de contratación y administración el gobierno de entonces, siendo titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento René Cornejo Díaz, el factótum de la Corporación Helios, no echó mano a las instituciones del Estado sino que simularon escoger y lo hicieron entre entidades que se presentaban como cooperantes, es decir, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI).
SELECCIÓN POR ENCARGO…
Para efectos mediáticos, al igual que la artimaña “de gobierno a gobierno”, obvio que sonaba bien y le daba un cariz de honestidad para que la entidad formuladora del sector Vivienda, específicamente el Programa Nuestras Ciudades, recurra a la modalidad de contratación denominada ‘selección por encargo a organismos internacionales’.
En este caso a través de OIM, la escogida por los funcionarios de Cornejo llamados Ricardo Emilio Salinas Vilcachagua y Lucía del Pilar Ledesma Martínez.
Hasta que el 15 de julio de 2013, el ministro Cornejo Díaz, que después sería primer ministro del gobierno nacionalista, y José Iván Dávalos Saravia, jefe de Operaciones de la OIM- Perú, firmaron un convenio marco de asistencia mutua.
Es así que el sector Vivienda decidió encargarle al citado organismo internacional la administración de recursos y la contratación de una empresa para la elaboración del expediente técnico definitivo, la ejecución de la obra, el equipamiento y el suministro de materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros servicios.
Asimismo debería designar otra empresa para la supervisión de la elaboración del expediente técnico, así como la ejecución de obra y equipamiento, la puesta en operación, recepción, liquidación de obra y el informe final.
Como ya es público, entre los postores estuvo Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y el Consorcio OHL-JJC (Obrascón Huarte Laín S.A. Sucursal del Perú y JJC Contratistas Generales S.A.)
Ganó el primero, con malas artes, según la Comisión Lava Jato, suscribiendo contrato OIM, en representación del Ministerio de Vivienda, con OAS un 5 de marzo del 2014.
Un detalle que han puesto de relieve los investigadores es que OIM cambió el convenio inicial a su manera, en forma irregular, en detalles referidos a montos de inversión, a la disminución de penalidades pecuniarias por incumplimiento de contrato (como sucedió por parte de la constructora brasileña OAS), y, finalmente, desconocer en forma unilateral otros acuerdos, como el reintegro económico al Estado por asistencia técnica.
Esto, porque OIM en su propuesta inicial ofrecía un 60 % del 2 % que ganaría sobre el monto total del valor referencial del proyecto, aunque sí mantendría la oferta económica (el costo neto del servicio sería de 0.8 % del valor referencial), porcentaje este que fue el argumento utilizado por Ricardo Emilio Salinas Vilcachagua y Lucía del Pilar Ledesma Martínez para recomendar la suscripción del convenio con la OIM.
BLINDAJE LEGAL
¿Por qué OIM se permitió estas y otras irregularidades que rayan con el delito, como impedir el acceso a la información de postores que no sean OAS y a la misma Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso que investigó este tema?
Por la sencilla razón de que en la administración Humala se armó toda una armazón legal que raya la frontera del delito en favor de estas entidades “cooperantes”.
Nos referimos a privilegios e inmunidades (ver recuadro) que trasgredieron los principios de transparencia y acceso a la información contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado, “situación que fue de conocimiento de los responsables del proyecto: René Helbert Cornejo Díaz, Milton Martín von Hesse La Serna y Luis Obdulio Tagle Pizarro”, indica el informe Lava.
INCREMENTOS
A consecuencia de esta realidad podemos también avizorar los perjuicios económicos al Estado. Recordemos que el valor total del proyecto ‘Instalación de un Centro de Convenciones en Lima – Perú’ fue de S/ 539’127,577.88.
Este monto superó al inicialmente previsto, de S/ 492’089,928.79, y que en otro momento -en las bases del proceso de selección- se estableció que debería tener no más de S/ 478’596,332.
“Sin embargo, al momento de la suscripción de los contratos y convenios este ascendió a S/ 524’716,875.38”, señala del Congreso.
Sin embargo, información oficial recabada por el mismo ministerio precisa que “por saldos finales al 31 de diciembre de 2017 (…) desembolsó S/ 545´547,978.00 para el proyecto; no obstante, solo ejecutó S/ 539’127,578.00, por lo que hay aún un saldo por ejecutar ascendente a S/ 6’420,400.12”. Esto al margen de que el monto actualizado al 31 de diciembre de 2017 es de S/ 7’096,500.49.
Como se puede observar, el costo del proyecto “se habría incrementado aproximadamente en S/ 16’700,595.21 desde que se suscribieron los contratos”.
“Este monto se obtiene de la diferencia entre el valor total del proyecto (S/ 541’417,470.59) y el valor total de los contratos suscritos (S/ 524’716,875.38)”, añade el informe.
INCONCLUSO
Finalmente es de subrayar que el Centro de Convenciones se encuentra inconcluso debido a que OAS no ha subsanado la totalidad de las observaciones de parte del Estado.
Esta realidad, aunada a otros datos, podría generar un perjuicio económico para el Estado estimado en S/ 66’919,540.14”.
Así estamos en estos escándalos que la prensa concentrada y oficialista ignora.
5 de marzo de 2014
Este día fue suscrito el contrato de ejecución del proyecto Centro de Convenciones de Lima por José Iván Dávalos Saravia, jefe de misión OIM – Perú, y Leonardo Fracassi Costa y Pablo de Brito Cunha Cockeis Guimaraes, representante legal y apoderado especial de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, durante la gestión de Milton Martín von Hesse La Serna en el sector Vivienda.
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES INCOMPRENSIBLES
La OIM no está obligada a rendir cuentas a nadie
Para que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tenga un estatus de privilegios e inmunidades se creó un marco normativo que le permitió al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a las entidades a cargo del proyecto del Centro de Convenciones de Lima firmar convenios con dicha entidad sin ningún tipo de controles, lo que es violatorio de la normativa sobre contrataciones del Estado.
Por eso es que se promulgó la Ley N° 29951 y el Decreto Supremo N° 097-2013-EF, rubricados por Ollanta Humala Tasso para favorecerla, a pesar de que la finalidad de la OIM, según su propia constitución, “no correspondía a la prestación de este tipo de actividades sino a temas migratorios”; es decir, no era competente.
Para ese andamiaje legal se usó el Decreto Ley N° 23018 del 30 de abril de 1980, un convenio sobre migraciones firmado por el dictador Francisco Morales Bermúdez.
Es más, este 30 de mayo 2018, el Estado peruano y la OIM firmaron otro acuerdo para las Migraciones que incluyen “privilegios e inmunidades de esta organización en el Perú”.
Por esa permisividad la OIM no solo se negó en reiteradas oportunidades a entregar información en la buena pro a la competencia de OAS sino a las mismas autoridades peruanas y a la comisión Lava Jato.
“Estos privilegios son extensivos a los actos y las expresiones orales o escritas que sus funcionarios realicen durante y después del desempeño de sus funciones. Asimismo, la inmunidad también alcanza a los bienes y haberes de la entidad, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y quien quiera que los tenga en su poder”.
Por estas lindezas de nuestra legislación la OIM “no se encuentra obligada a rendir cuentas ni explicaciones de sus actos”.
BELAUNDE LOSSIO DELATÓ A EX PAREJA PRESIDENCIAL
Dinero de “doleiros” fue para la obra del “auditorio de Lima”
EXPRESO ya informó que en el proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco” se descubrió el vínculo existente entre la empresa brasileña OAS con el entonces presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia.
La investigación puso en evidencia la presunta recepción de una coima equivalente al 2.5 % del valor del Hospital Antonio Lorena del Cusco; es decir, 4,75 millones de soles, “a cambio del otorgamiento de la buena pro del proyecto, valiéndose de que Jorge Acurio era gobernador regional del Cusco por el Partido Nacionalista Peruano”.
La relación con OAS sería entonces evidente entre 2010 y 2012, “por lo que el otorgamiento de la buena pro a OAS en otros proyectos resultaba factible como en el caso del proyecto Instalación de un Centro de Convenciones en Lima – Perú”.
Además, el día 5 de junio del 2017 la congresista Marisol Espinoza Cruz (APP), en la Comisión Lava Jato sostuvo que Carlos Alexander de Souza Rocha, uno de los más conocidos “doleiros”, ante el Ministerio Público Federal del Brasil declaró que él, a pedido de Alberto Youssef, viajó al Perú cuatro o cinco veces para entregar en cada viaje $ 300,000.00 a la filial de la empresa OAS en el Perú.
Al respecto, Martín Belaunde Lossio señaló expresamente que dicho dinero “(…) ha sido referido a un proceso que tuvo OAS con el Ministerio de Vivienda que se llama auditorio nacional”. Obviamente que “el proyecto al que se refería era “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima – Perú”.
Otros indicios de la relación de la llamada “pareja presidencial” y OAS está en la agenda N° 3 de Nadine Heredia (Renzo Costa) que registra anotaciones sobre reuniones con representantes de OAS entre Valfredo de Assis Ribeiro Filho, representante de OAS en el Perú, y Joao Pineiro, presidente de OAS, los días 12 de enero, 3 de septiembre, 1 de octubre y 19 de octubre de 2010.
Fuente Diario Expreso
