Chiclayo, nov. 18. Prisión preventiva por 18 meses contra el exalcalde del distrito cajamarquino de Chirinos, Juventino Sadón Gómez Torres, y otras 20 personas, entre ex funcionarios, proveedores y familiares; quienes integrarían la organización criminal “Cero Corrupción”, solicitó la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

Ellos son investigados por los delitos de colusión, asociación ilícita, presuntamente por haber suscrito contratos irregulares superiores a 2 millones de soles a través de empresas de fachada.

Los ex funcionarios y familiares comprendidos en la medida son: Lenin Ulises Barboza Camizán, José Rojas Tarifeño, Edwin Oswaldo Samamé Núñez, Demetrio Bautista Parihuamán y Walter Ramírez Camizán. Asimismo, alcanza a William Delgado Pérez, Wilson Joel Barboza Camizán, María Elsa Bravo Perales, Manuel Humberto Gómez Bravo, Edil Teodoro Gómez Torres y Segundo Britaldo Bravo Perales.

El requerimiento es expuesto en audiencia pública desde las 10:00 horas de hoy por los fiscales José Guevara Gilarmas, Ana Zegarra Azula, Iván Constantino Espino y Julio Pilco Goñas, ante el juzgado de investigación preparatoria de Jaén, en Cajamarca.

Según los argumentos presentados, el exburgomaestre habría conformado la empresa Ferrimyl SAC a través de terceras personas, la misma que pasó a convertirse en proveedora de bienes y servicios de dicha comuna entre los años 2012-2014, participando además en la ejecución de obras y en contratos hasta por 2 millones 640,000 soles, según los reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAF).

De acuerdo a la investigación, existen elementos que acreditarían que el dinero girado a favor de Ferrimyl SAC era cobrado en el Banco de la Nación para ser depositado en una cuenta del banco BBVA Continental, de donde era retirado y depositado en cuentas de ahorros que eran utilizadas para el pago de deudas del exalcalde.

Además, el dinero habría sido transferido a través de giros o cheques a sus familiares y a terceros, entre los que se encontraban los exfuncionarios municipales comprendidos en la medida coercitiva.

De otro lado, se le imputa a la ex autoridad edil haber recibido en el 2012 un terreno valorizado en 280,000 soles para otorgar la buena pro a la empresa Consorcio Tamborapa en la obra denominada “Saneamiento de Agua y Desagüe del Caserío Ambato y Tamborapa”, entre otras irregularidades.

Fuente Andina

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