La Contraloría General determinó que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura adquirió una planta de oxígeno medicinal por cerca de 1 900 000 soles a un proveedor que no habría cumplido con las especificaciones técnicas requeridas para el establecimiento de salud I-4 de Huancabamba. Asimismo, pese a la necesidad de atender a los pacientes afectados con COVID-19 en su momento, el equipo no habría sido puesto en funcionamiento, por lo que se contrató a un tercero para brindar el servicio.

Por estos hechos, el Órgano de Control Institucional de la Diresa identificó presunta responsabilidad penal en tres funcionarios y exfuncionarios que desempeñaban labores en las áreas de Administración, Logística y Control Patrimonial. En otros dos servidores públicos se determinó responsabilidad administrativa, entre ellos un ex director general.

De acuerdo al Informe de Control Específico n.° 009-2022-2-4529-SCE, en agosto de 2021, la entidad adquirió, mediante contratación directa, una planta de oxígeno tipo PSA de 15 a 20 m³. Sobre ello, la comisión de auditores sostuvo que se habría otorgado la buena pro a un consorcio que no acreditó documentalmente la totalidad de requisitos de cada componente del equipo e, incluso, los encargados de evaluar las ofertas de los postores aplicaron criterios distintos y solo se admitieron tres de las ocho propuestas presentadas.

Además, los funcionarios de la Diresa otorgaron cinco días adicionales al plazo establecido en el contrato para el cumplimiento de la prestación. Luego declararon como procedente la solicitud de la ampliación de plazo n.° 1 a pesar de que los hechos no habrían sido acreditados y el sustento presentado no configuraba la causal invocada de atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. Sumado a esto, el servidor público que aprobó esta disposición no contaría con facultades para hacerlo.

Sin funcionamiento

Asimismo, la Contraloría General advirtió que las especificaciones solicitadas para la planta no serían compatibles con el grupo electrógeno adquirido previamente. También la entidad aprobó la regularización de la contratación directa sin tener las facultades para hacerlo, ya que debió efectuarse mediante acuerdo del Consejo Regional.

De otro lado, el contratista no habría levantado hasta la fecha la totalidad de observaciones y no se estaría cumpliendo con la finalidad pública, considerando que la causal invocada era la situación de emergencia sanitaria en la cual prevalece la inmediatez para la atención oportuna de los pacientes. Adicionalmente, ante la inoperatividad de la planta, la dirección subregional de Salud Morropón Huancabamba suscribió un convenio con un tercero para el abastecimiento de oxígeno, causando un gasto de más de 52.000 soles.

Fuente La República

 

 

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