La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en los convenios que firmaron el exgobernador Reynaldo Hilbck y el actual gobernador Servando García para lo que en un inició fue el hospital de la Solidaridad y ahora el denominado Hospital Popular Señor Cautivo, ocasionando un perjuicio económico al Estado de más de S/ 300 mil.
INFORME
De acuerdo al informe de control N° 035-2020, tras la revisión, análisis y evaluación a la documentación, se evidenció que en junio del 2016, durante la gestión del gobernador Reynaldo Hilbck Guzmán, se suscribió el convenio interinstitucional entre el Gobierno Regional, la Municipalidad de Veintiséis de Octubre y el Sistema Metropolitano de la Solidaridad para la instalación del Hospital de la Solidaridad en un área de 10,334.25 metros cuadrados, situados en el cruce de las avenidas Sánchez Cerro y Chulucanas.
Dicho convenio establecía como compromisos del Gobierno Regional asumir los costos relacionados al saneamiento del terreno, así como las instalaciones de los servicios de agua, luz y desagüe; sin embargo, según detalla el órgano de control, no se realizaron las acciones orientadas a hacer cumplir la Directiva Regional N° 016-2013 que establece las normas y procedimientos para la firma de convenios que implica que estos debieron contar con un informe técnico favorable previo por parte de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, generando un perjuicio económico de S/ 243,726.21.
El informe del órgano de control detalla que, en antes de suscribir el convenio, el subgerente de Catastro y Habilitación Urbana de la Municipalidad Veintiséis de Octubre, Hugo Fernando Mercado Rodríguez, advirtió que el terreno no contaba con saneamiento físico legal y que no estaba inscrito a favor de la comuna, sino que se encontraba sobre el Sistema Vial según el Plan de Desarrollo Urbano 2032. Pese a ello, recomendó la instalación del hospital en el distrito.
De igual manera, Ana Maritza Paiva Ayala, gerente de Asesoría Jurídica de la comuna octubrina, emitió opinión legal detallando que el convenio era procedente, por lo que el Concejo Municipal acordó aprobar la suscripción del convenio.
Posteriormente, el convenio fue enviado al Gobierno Regional. Allí, el asesor legal del GORE, Luis Núñez Frías, debió advertir dicha deficiencia, pero dio opinión legal favorable sobre la suscripción.
Así, el Gobierno Regional gastó dinero en el pago de vigilancia de maquinaria pesada, residente de la actividad, adquisición de accesorios para volquetes, de operadores de maquinaria, compra de materiales, entre otros, por un monto de S/ 103,726.21; además de la contratación del servicio de instalaciones sanitarias por un monto de S/ 140,000.
Tras detectar las presuntas irregularidades, la Contraloría determinó que el exgobernador Reynaldo Hilbck y el exjefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Luis Núñez Frías , son presuntos responsables del perjuicio económico.
Diario Correo intentó comunicarse con la exautoridad, pero no puedo entablar comunicación alguna, incluso se le dejó mensajes, pero hasta el cierre de la presente edición, no se obtuvo respuesta.
SEÑOR CAUTIVO
Por otro lado, el órgano de control también evidenció presuntas irregularidades en la suscripción del convenio entre el GORE, a cargo del actual gobernador Servando García, y el Consorcio Policlínico Piura Johnmay Salud, para la instalación del Hospital Señor Cautivo. Incluso, se ejecutaron servicios a favor del nosocomio privado por el pago de vigilancia e instalación de cámaras de seguridad.
Dicho establecimiento fue puesto a disposición para la atención de pacientes afectados del nuevo coronavirus; sin embargo, este no recibió a dichos pacientes hasta el momento de la contratación de los servicios mencionados.
La contraloría señala en el informe que el GORE favoreció al consorcio Johnmay Salud en la cesión gratuita de un bien público que no contaba con la titularidad para la obtención de un beneficio económico, generando un perjuicio de S/ 65,819.51.
De esta manera, la Contraloría incluyó como presuntos responsables al gobernador Servando García, al director regional de Salud, Víctor Távara Córdoba, y al exgerente regional de Desarrollo Social, Juan Mejía Seminario.
Al respecto, la autoridad regional Servando García enfatizó que se allana a las investigaciones y lo único que se buscó es el beneficio de la población.
“El Gobierno Regional previó que si los casos COVID-19 se desbordaban, la utilización de las instalaciones del hospital Señor Cautivo era una de las alternativas, ya que no sabíamos hasta qué punto se iba a desbordar el hospital Santa Rosa, no se registró este desborde, pero ya estábamos prevenidos”, dijo.
Agregó que el área encargada de responder por la implementación del servicio de vigilancia e instalación de cámaras de seguridad del hospital Señor Cautivo es la Gerencia Regional de Desarrollo Social, la misma que está llana a someterse a las investigaciones del caso. “No tenemos responsabilidad en absoluto, lo que hemos hecho es tomar el mejor camino en aras de salvaguardar la salud de la población”, acotó.
A su vez, el gerente general del GORE, Jesús Torres, dijo que todo lo efectuado dentro del hospital Señor Cautivo se realizó dentro del marco del estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, y que no han cometido ninguna irregularidad, pero si se detecta que no se respetó un procedimiento, iniciarán las acciones correspondientes.
Fuente Diario Correo
