La Fiscalía Anticorrupción de Piura abrió investigación preliminar contra ocho funcionarios del gobierno regional de Piura por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de arbitraje seguido contra la contratista brasileña Camargo Correa.
Como se recuerda, después de casi cuatro años de controversias, finalmente el Tribunal Arbitral falló a favor de Camargo Correa, empresa brasileña investigada por el caso Lava Jato, en el laudo arbitral interpuesto por esta empresa, tras la rescisión de contrato de ejecución del proyecto Alto Piura, en el año 2014.
Por ello, el Gobierno Regional de Piura deberá pagar a la empresa brasileña 64’061,273.27 soles, que corresponden a gastos generales y ampliaciones de plazo.
Investigación. El fiscal José Aurelio Jiménez Moscol de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso el pasado 4 de setiembre abrir investigación preliminar contra Reynaldo Hilbck Guzmán, Antonio Saldaña Lavalle, Luis Enrique García Barreto, Fausto Soberón Muñoz, Luis Nuñez Frías, Javier Atkins Lerggios, Rosa Chinchay Labrin por los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión y negociación incompatible.
Los antes citados serán investigados durante el plazo de ocho meses.
La investigación se inició luego de que el consejo regional presentará el dictamen en minoría en el que se hallan indicios de que el gobierno regional favoreció a la empresa brasileña Camargo Correa durante el proceso arbitral.
EVIDENCIAS. De acuerdo al oficio del Consejo Regional, queda evidenciadas las irregularidades cometidas por la Procuraduría Ad hoc en la contratación de un especialista en derecho privado cuando se debió designar a un profesional con especialidad en Derecho Público y sobre todo en contrataciones con el Estado y derecho arbitral.
Además, el dictamen concluye que existen serias deficiencias en los mecanismos jurídicos usados por la Procuraduría debido a que no fueron efectuados en el tiempo establecido, demostrando que que los procuradores no tenían conocimiento en los mecanismos de defensa del proceso arbitral.
Estas deficiencias en la defensa del gobierno regional ante el laudo arbitral conllevaron a que la empresa Camargo Correa gane el millonario arbitraje.
El Ministerio Público dispuso que se tomen las declaraciones a los investigados y se recabe información sobre la designación de los exprocuradores Ad Hoc.
También se dispuso que Sunarp informe sobre los bienes muebles e inmuebles de los investigados y que la Superintendencia Nacional de Migraciones informe sobre los movimientos migratorios de los funcionarios del gobierno regional.
ACTUAL PROBLEMA. Paralelamente a la investigación que sigue la Fiscalía, el proyecto Alto Piura atraviesa otro problema por la paralización de los trabajos por parte de Obrainsa Astaldi, consorcio que también mantiene cuatro arbitrajes con el gobierno regional.
Por ello, un grupo de especialistas recomendó la resolución del contrato y una evaluación del saldo de obra.
En reunión con el gerente general del Peihap, Marco Vargas Trelles, los especialistas indicaron que, luego de haberse agotado los procedimientos legales y vencidos los plazos para que el contratista reinicie los trabajos de perforación del túnel de trasvase, lo más viable es la resolución de contrato, de acuerdo a la Ley de Contrataciones.
“El COA ha señalado que hay problemas financieros entre las empresas que conforman el consorcio, esto ha llevado a que no mantengan un ritmo de producción acorde a las exigencias del proyecto, lo que se ha visto reflejado en el poco porcentaje avanzado de la obra. Esta situación no puede continuar, por tanto lo más saludable es la resolución de contrato”, señalaron.
Es por eso que los expertos recomendaron a los funcionarios del Peihap iniciar la actualización del expediente técnico del saldo de obra, para convocar a un nuevo proceso de licitación en corto plazo.
Según explicaron en la reunión, la norma señala que el Peihap y la supervisión, junto con un notario público, deberían evaluar el estado y el avance que ejecutó el contratista en los caminos de acceso, campamentos, plantas industriales, maquinaria y perforación en el frente de entrada y salida del túnel de trasvase. “De esta manera se precisará el porcentaje que avanzó el contratista en las obras que están comprendidas en el primer componente, esta información servirá de base para la actualización del expediente técnico y una posterior licitación”, concluyeron.
ADENDA. El gerente Marco Vargas indicó que este jueves se reunirán con la contratista para conciliar sobre los saldos a ejecutar y montos de pago pendientes luego de que Obrainsa Astaldi se mostrara en desacuerdo con las cifras que maneja el Peihap argumentando que habían sido calculadas unilateralmente.
“Estamos en la intervención económica, no podemos hablar de resolución mientras no se agoten los procedimientos, pese a que aceptaron colaborar, sino llegamos a un acuerdo con las exigencias del consorcio, entonces sí se si se resolvería el contrato”, dijo Vargas.
Precisó que en la conciliación con Obrainsa Astaldi se tratará de llegar a consenso para la firma de una adenda.
Con respecto a los plazos de la intervención económica, indicó que el consorcio ya emitió una respuesta aceptando que colaborará con la intervención y el nombramiento de un representante legal para que firme la cuenta mancomunada.
“Hoy hemos enviado una carta a la contratista para que alcance la documentación que sustente que el representante legal será el que firme las cuentas, con eso se podrá aperturar la cuenta”, señaló Vargas Trelles.
El funcionario indicó que los plazos para abrir la cuenta mancomunada están determinados por el plazo que demore el procedimiento.
La contratista debe depositar 56‘917,869.89 soles que es el monto del adelanto directo pendiente de devolución.
Con respecto a la recomendación de los expertos, indicó que están aplicando la intervención para cubrir los posibles problemas que más adelante puedan ocurrir considerando que Obrainsa ha anunciado que se iría a un arbitraje para la solución de controversias.
“Lo mejor para el proyecto es que continúe por eso estamos siguiendo los procedimiento sino hace rato nos hubiéramos ido a la resolución”, dijo,
Por otro lado, el presidente del directorio del Peihap, Pedro Mendoza, consideró que el consorcio Obrainsa Astaldi solo está dilatando el proceso porque tiene problemas internos que no ha podido resolver.
ARBITRAJE. Cabe mencionar que en en el año 2013, el Proyecto Alto Piura resolvió contrato con la empresa brasileña Camargo Correa debido a una controversia y luego ambas entidades se fueron a un arbitraje.
La Cámara de Comercio de Lima resolvió un laudo arbitral a favor de Camargo Correa.
Fuente Diario Correo
