Puno. Según el aplicativo Invierte.pe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el sector de Acopata, de la parcialidad de Aynacha- Huatasani, distrito de Tilali, provincia de Moho, debería existir una losa deportiva de 720 m2. Sin embargo, en el lugar no existe tal proyecto, pese a que se invirtió 199 mil 785 soles. El monto incluye 50 m2 de gradería. La obra formalmente está reportada como concluida en beneficio de 135 personas.
La República contactó con la población, estos confirmaron que la loza no se ejecutó porque fue proyectada sobre un terreno privado. Cuando los ingenieros se trasladaron al lugar a instalar el campamento, los propietarios se negaron a aceptar el inicio de los trabajos. La municipalidad de Tilali, tampoco estaba de acuerdo en pagar un justiprecio.
Por esa razón la losa deportiva fue ejecutada a un costado de la actual plataforma deportiva municipal del distrito del Tilali. La distancia entre uno y otro terreno es de aproximadamente seis kilómetros. Formalmente son jurisdicciones distintas por la ubicación de los beneficiarios.
La República buscó la versión del alcalde del distrito de Tilali, Juan Apaza Vilca. Este se negó a responder nuestras llamadas. Quien dio la cara, fue el regidor Lucio Vilca Cayo. Aseguró que con una simple acta se aprobó no ejecutar la obra, porque el dueño del terreno no estaba de acuerdo en ceder el espacio.
Dijo desconocer los criterios bajo el cual se decidió ejecutar el proyecto en otra jurisdicción que no es la comunidad de Aynacha- Huatasani.
Se comete delito
En economista y especialista en proyectos de inversión pública, Jorge Monteagudo, dijo que el caso constituye malversación de fondos. Explicó que una obra puede ser reubicada solo dentro del área donde están los beneficiarios. “La plataforma deportiva debió ser ejecutada en cualquier otro espacio de la comunidad Aynacha- Huatasani. Sin embargo, se la llevaron a la capital de la provincia. Eso es absolutamente irregular”.
Explicó que los cambios que provee la normativa de proyectos de inversión, garantizan que los beneficiarios no se queden sin la obra proyectada, pese a cualquier modificación. “En este caso hicieron lo contrario. La Contraloría tiene trabajo”.
Fuente La República
