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En total, 9 de 18 candidatos a los Gobiernos Regionales, que disputarán la segunda vuelta en estas elecciones 2022, se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción.

De acuerdo a la información que obtuvo la unidad de Data de La República, los aspirantes de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Pasco, Lima y Piura, presentan procesos contra la administración pública en la modalidad de colusión, peculado, malversación y cohecho en agravio al Estado.

En Amazonas destaca Gilmer Horna Corrales (Sentimiento Amazonense) y Grimaldo Vásquez Tan (Victoria Amazonense); en Cajamarca resalta Víctor Villar Narro (Frente Regional); y en Cusco sobresale Werner Máximo Salcedo Álvarez (Somos Perú).

En Moquegua está Jaime Rodríguez Villanueva; en Pasco se encuentra Juan Luis Chombo Heredia (Somos Perú) y Zumel Trujillo (Pasco Verde); y en Lima figura Rosa Vásquez Cuadrado (Movimiento Regional Unidad Cívica).

Pasado imborrable

Sin embargo, de los candidatos mencionados, en la región de Piura, se distingue a Reynaldo Hilbck Guzmán (Unidad Regional), quien presenta ocho acusaciones de corrupción, lo que lo convierte en uno de los aspirantes que tiene más procesos con la justicia.

Se diferencia, además, porque, a comparación de los demás, Reynaldo Hilbck es el único que se encuentra ‘manchado’ en un caso complejo como Lava Jato.

Hilbck no es nuevo en una contienda electoral. En el 2014 fue elegido gobernador regional de Piura, como sucesor de Javier Atkins Lerggios, exgobernador que también se encuentra investigado por el mismo caso de Lava Jato.

A Hilbck y Atkins los une el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), que se adjudicó la empresa brasileña Camargo Correa, el 21 de mayo de 2010, por un monto de 479 663 437 soles, durante el último mandato de Alan García.

Malas prácticas

Pero ¿qué relación tienen las exautoridades? Solo basta revisar la carpeta fiscal del Equipo Especial Lava Jato para saber que Hilbck fue presidente del Consejo Directivo del Peihap, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Piura, antes de reemplazar a Javier Atkins en el cargo de gobernador.

La República accedió a la investigación, la cual señala que los mencionados junto a 20 exfuncionarios se coludieron para “la ejecución de la obra que se inició sin un expediente técnico completo, pues carecía de planos de detalles, secciones, estudios complementarios y definitivos para ejecutar la presa y el túnel”.

Pese a la deficiencia, según la Fiscalía, “los funcionarios del Peihap y los representantes de Camargo Correa convinieron el inicio de la obra con la ejecución de caminos de acceso por un monto de 79 733 347 soles y aprobando adiciones a favor de los brasileños, generando un perjuicio económico en agravio al Estado”.

Conexiones con empresa Camargo Correa

El Equipo Especial Lava Jato sostiene, además, que el exgobernador Reynaldo Hilbck participó en reuniones con representantes de la contratista de Camargo Correa y funcionarios del Gobierno Regional de Piura para abordar temas relativos a la ejecución de la obra; sobre ello, especifica que no participó la Procuraduría Pública conforme a ley.

Asimismo, indica que el candidato participó directamente en la adopción de acuerdos con el contratista sobre las ampliaciones de plazo n.º 7, 8, 9 y 10, las mismas que no eran procedentes y que se realizaron sin criterio técnico.

La investigación detalla, además, que el investigado solicitó a la gerencia general del Peihap iniciar las acciones administrativas, cuando debió ser la Procuraduría la que efectúe el requerimiento lo que generó el perjuicio de 11 345 094 soles por la aprobación de las valorizaciones.

Embargo y ampliación de investigación

Sobre este caso, la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato embargó 11 bienes del candidato Reynaldo Hilbck Guzman y de otros 16 exfuncionarios investigados por el valor de 13 022 586 soles, el 28 de noviembre del 2019.

Asimismo, el Poder Judicial resolvió este año ampliar la investigación contra el candidato hasta octubre del 2023. El equipo de Lava Jato había solicitado que se extienda el proceso por 36 meses, sin embargo, solo le otorgaron 21 meses.

“Confirmar la resolución que resolvió prorrogar la investigación por el término de 21 meses, que vencerá el 8 de octubre de 2023, en la investigación preparatoria que se le sigue a Pablo Ferradas y a otros por el delito de colusión agravada y otros”, precisa.

Dato

La República intentó comunicarse con el candidato, pero no contestó la solicitud de la llamada. Igual se especificó con su jefa de campaña las intenciones de entrevistar al representante del movimiento Unidad Regional; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

Fuente La República

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