La Contraloría General de la República realiza una auditoría al Proyecto Especial Binacional Puyango (PEBPT), que se desarrolla en la región Tumbres. El objetivo es determinar si los procesos de contratación de bienes y servicios se realizan conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. Esto por la denuncia que realizó el director Manuel Leiva Castillo, sobre un presunto perjuicio económico en la ejecución de servicios.
La auditoría comprenderá los años 2016, 2017 y los cuatro primeros meses del 2018. Estará a cargo del Órgano de Control Institucional (OCI) del PEBPT, que solicitó al titular del organismo el otorgamiento de las facultades a los auditores asignados para la entrega de la información requerida en los plazos determinados por ley.
El análisis de la información recopilada se encuentra en la fase final y será reflejado en los próximos días a través del informe correspondiente, que será remitido al PEBPT para que adopte las medidas correctivas necesarias en salvaguarda de los intereses del Estado y las demás instancias correspondientes.
La Contraloría acreditó, además, un equipo de auditores para la realización del servicio de control concurrente a las actividades de limpieza y descolmatación de canales principales en el subsector hidráulico Rica Playa Oidor y en el subsector hidráulico Pampas de Hospital, las mismas que forman parte de Reconstrucción con Cambios.
El objetivo de las acciones de control es determinar si las contrataciones de bienes y servicios, consultorías y obras se realicen en los procedimientos de selección simplificada y ejecución contractual.
El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes es una institución del sector público encargada de ejecutar y administrar la infraestructura hidráulica de propósito múltiple y promover el desarrollo sostenible de la región. Goza de autonomía técnica, administrativa, económica y financiera y su plazo de duración se encuentra sujeto al tiempo que demande la ejecución de estudios y obras de desarrollo contempladas en el Convenio Peruano-Ecuatoriano.
Fuente La República
